La conexión de Torre de Silva con el PP genera preocupación en casos vinculados a la intervención de la BPA
Hace un par de meses, la justicia andorrana dio un paso decisivo en la causa que investiga al expresidente español Mariano Rajoy
La reciente designación de Víctor Torre de Silva como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional de Andorra, a propuesta del copríncipe episcopal Josep Lluís Serrano Pentinat, ha generado inquietud en diversos sectores jurídicos y políticos del país.
Según fuentes consultadas, ya habría casos que estarían valorando la posibilidad de solicitar su recusación, especialmente en causas relacionadas con la intervención de Banca Privada d’Andorra (BPA).
Torre de Silva, alto funcionario del Consejo de Estado de España y con una larga trayectoria vinculada a cargos jurídicos del Estado, ha sido señalado públicamente por su cercanía a figuras destacadas del Partido Popular, como el exministro Federico Trillo.
Estas conexiones han despertado dudas en sectores que consideran que podría existir un posible conflicto de intereses si el Tribunal Constitucional llegara a revisar casos relacionados con la denominada Operación Cataluña o con los episodios políticos que rodearon la intervención de la BPA.
Inquietud por la designación
La decisión del copríncipe episcopal ha sido calificada de “inoportuna” por varios observadores, que destacan que es la primera vez que un alto funcionario del Estado español —y estrecho colaborador de figuras políticas de peso del PP— accede a uno de los cuatro asientos del Constitucional andorrano.
Rajoy, obligado a comparecer en Andorra con abogado
Hace un par de meses, la justicia andorrana dio un paso clave en la causa que investiga a Mariano Rajoy y varios exministros. La jueza especializada Stéphanie Garcia tramitó una primera comisión rogatoria a Madrid —ya corregida según los requisitos formales de España— para notificar oficialmente a Rajoy que figura como investigado por presuntas coacciones a órganos constitucionales y falsedad documental, y para que designe un abogado en Andorra.
En caso de no hacerlo, se le asignará un defensor de oficio Fuentes del Consell General consideran esta actuación “una intromisión política de España en Andorra”.
