El Tribunal Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos
El Supremo ha destacado la gravedad de la actuación del fiscal y la intención de controlar el relato de los hechos
El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos relacionado con la filtración de datos reservados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador.
La sentencia, adelantada este jueves por el tribunal, impone a García Ortiz una inhabilitación especial para el cargo de fiscal general durante dos años y una multa de 7.200 euros, así como el pago de las costas procesales. Además, se le obliga a indemnizar con 10.000 euros a González Amador por los daños morales ocasionados.
El fiscal general ha sido absuelto del resto de delitos de los que se le acusaba, evitando así las penas de prisión solicitadas por las acusaciones particulares y populares, entre ellas el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Los hechos tuvieron lugar los días 13 y 14 de marzo de 2024, cuando García Ortiz ordenó la difusión de correos y notas de prensa con datos confidenciales de las negociaciones entre la defensa de González Amador y la Fiscalía. Esta actuación, considerada sin precedentes, generó tensiones dentro del cuerpo y motivó la querella del ICAM por vulnerar la presunción de inocencia y los derechos de defensa del ciudadano afectado.
El Supremo ha destacado la gravedad de la actuación del fiscal y la intención de controlar el relato de los hechos, mientras que la resolución ha contado con votos particulares de magistradas que han discrepado parcialmente de la condena. La sentencia es firme y se aplicará una vez sea notificada oficialmente.
El Gobierno español ha anunciado que procederá a nombrar un nuevo fiscal general en los próximos días. Por su parte, el ICAM ha celebrado la resolución, destacando que refuerza el principio de que nadie está por encima de la ley y protege los derechos fundamentales de toda la ciudadanía.
