Alberto de Mónaco veta la ley del aborto y reafirma "la identidad católica del Estado"

Mónaco ha sido históricamente uno de los países europeos con la legislación más estricta en materia de aborto. Hasta 2019, la interrupción del embarazo estaba penalizada incluso en casos excepcionales, con penas de hasta tres años de prisión para las mujeres y sanciones profesionales para los médicos.

Desde entonces, el aborto se ha despenalizado, aunque sigue siendo ilegal fuera de los supuestos previstos por la ley de 2009, lo que ha llevado a muchas mujeres a desplazarse a Francia, donde la práctica es legal.

Según InfoVaticana, el veto de Alberto II se basa en un principio constitucional que establece que la religión católica es la del Estado. Fuentes de InfoVaticana destacan que esta decisión no se limita a un marco cultural, sino que responde a una concepción jurídica y antropológica del país.

El soberano ha subrayado que la protección de la vida humana desde su concepción es un principio que sustenta el Estado de derecho, y que ninguna norma puede declarar justo lo que es intrínsecamente injusto, en línea con la doctrina expresada en documentos como Evangelium Vitae y Humanae Vitae.

Cambios en Andorra

La decisión del príncipe monegasco ha abierto la comparación con Andorra, otro microestado europeo con identidad católica. La Constitución andorrana prevé un Copríncipe episcopal —el entonces obispo de Urgell— cuya presencia limita la posibilidad de legalizar el aborto, ya que cualquier ley en este sentido entraría en conflicto directo con la doctrina católica.

Expertos y observadores señalan que, mientras Mónaco ha tomado una decisión clara sobre la protección de la vida, en Andorra el debate sigue condicionado por factores institucionales y por la influencia directa del Vaticano a través del Copríncipe episcopal.

El caso de Mónaco evidencia la tensión entre los intentos de modernizar la legislación sobre aborto y la preservación de principios católicos en microestados europeos, con implicaciones tanto jurídicas como políticas para países con estructuras similares a la de Andorra.