El Vaticano cede a la despenalización del aborto

Tras años de tensión, informes jurídicos y contactos bilaterales con la Santa Sede, el Vaticano ha cedido en la despenalización del aborto en Andorra, al menos en lo que respecta a eliminar del Código Penal el castigo contra las mujeres que interrumpan el embarazo. La decisión, que ha ido madurando en silencio desde 2019, supone un giro histórico en el equilibrio institucional del Principado y marca el punto de partida de una nueva etapa política y social.

Los primeros pasos: el informe de 2019

La cuestión se remonta a 2019, cuando bajo el Gobierno de Antoni Martí y con Xavier Espot como ministro de Justicia e Interior, se encargó un informe jurídico clave a los expertos Manuel Pujadas y Tomás Gui Mori. El documento, titulado “La interrupción voluntaria del embarazo en el Principado de Andorra”, establecía las bases legales para una despenalización parcial y analizaba la compatibilidad con la Constitución y con la dimensión institucional del coprincipado.

El informe abogaba por una solución que garantizara “una respuesta jurídica aceptable para la mayoría social de los andorranos y asumible por el jefe de Estado”. También destacaba la necesidad de formación de los operadores jurídicos y hacía una precisión importante: la protección del nasciturus en las primeras semanas de gestación, recordando que muchos ordenamientos jurídicos no consideran persona al embrión antes de la implantación.

De Nueva York al Vaticano: diplomacia discreta

En 2020, Espot, ya como jefe de Gobierno, impulsó el SIAD (Servicio Integral de Atención a la Mujer). En diciembre de 2021, durante su visita al Papa Francisco, admitió la “impresionante presión internacional” que recibía el país para mantener la penalización.

Según fuentes vaticanas, Francisco vio con buenos ojos retirar el castigo penal a las mujeres, en coherencia con su propia línea pastoral, en la que ya había concedido a todos los sacerdotes la facultad de absolver a mujeres que hubieran abortado y mostraran arrepentimiento.

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ha sido una figura clave en este proceso. Desde su visita a Meritxell en 2023, donde elogió la mirada “abierta y penetrante” de Andorra, hasta las reuniones con Espot en Nueva York, Parolin fue construyendo un discurso de apertura. Posteriormente, delegó el dossier a Paul Richard Gallagher, número dos de la Secretaría de Estado, quien ha trabajado directamente con el Ejecutivo andorrano, especialmente con el actual ministro Ladislau Baró.

El relevo eclesiástico y el papel de Serrano Pentinat

Según fuentes vaticanas, otro elemento determinante ha sido el nombramiento de Josep-Lluís Serrano Pentinat como obispo coadjutor de Urgell, una decisión del propio Papa Francisco antes de su muerte. El perfil más diplomático que pastoral de Serrano respondía a la voluntad de Roma de encontrar un encaje viable. El pasado 31 de mayo de 2025, Serrano se pronunció públicamente sobre el aborto: “Hay que establecer diálogo y acompañar a las personas que más sufren”, dejando entrever un tono conciliador.

Con la muerte de Francisco y la elección de León XIV, se produjo un giro significativo dentro de la jerarquía vaticana. El hombre que había ascendido bajo el amparo del Papa Francisco —primero nombrado obispo de Chiclayo y después promovido a la curia romana con la responsabilidad de seleccionar a los obispos a nivel internacional— se encuentra ahora bajo una nueva orientación pontificia. León XIV ha marcado desde el primer momento una línea mucho más intransigente respecto al aborto, haciendo bandera de su doctrina con un mensaje contundente: “Hay que abrazar la cultura de la vida”.

La hoja de ruta política: otoño de 2025

En clave interna, el presidente del grupo parlamentario de Demòcrates per Andorra, Jordi Jordana, confirmó a La Veu Lliure que el texto del futuro proyecto de ley llegará a los grupos parlamentarios el próximo mes de noviembre. El ministro Ladislau Baró ya ha trasladado que “hay que culminar los últimos detalles” antes de presentar la propuesta, que está siendo redactada por Federico de Montalvo.

Esta ley incluirá la reforma del Código Penal para eliminar los artículos que castigan el aborto con penas de prisión e inhabilitación profesional. La medida, largamente reclamada por asociaciones internacionales de derechos humanos, pondrá fin a uno de los puntos más polémicos de la política andorrana.

Un giro histórico

El consenso alcanzado con el Vaticano, tras años de resistencia, constituye un hito sin precedentes. El nuevo marco legal no equivale a una despenalización total del aborto, pero sí marca el fin de la criminalización de las mujeres, abriendo una nueva etapa en la relación entre el Principado y la Santa Sede.

No obstante, esta posición choca de lleno con uno de los valores fundamentales de la Iglesia católica, que históricamente ha defendido la protección de la vida desde la concepción. Los copríncipes han jurado la Constitución y, en este sentido, la medida tropieza con el artículo 8, que reconoce el derecho a la vida como principio básico.

Debe tenerse en cuenta que hay numerosas leyes que a lo largo de la historia de Andorra solo han sido firmadas por uno de los copríncipes, lo que abre la puerta a un mecanismo de desvinculación: trasladar la firma al copríncipe francés, como ya ocurrió con otras reformas sensibles. Esta fórmula, todavía incierta, podría convertirse en la clave para desbloquear uno de los debates más complejos y trascendentes de la historia institucional de Andorra.

Conviene subrayar que esta no firma, sin embargo, no desvincula a la Iglesia de la decisión de haber despenalizado el aborto, dado que ha participado desde el inicio en todas las fases de negociación de la ley. Por tanto, el texto final presentado al Consell General habrá sido previamente bendecido por el Vaticano.

En este marco, el Gobierno estudia una solución híbrida: despenalizar el aborto y permitir su práctica “cerca” del país, con acompañamiento médico andorrano y una compensación económica posterior para las personas en situación de vulnerabilidad. Así lo adelantó el jefe de Gobierno, Xavier Espot, en una entrevista en La 2, donde remarcó que la reforma debería estar lista antes de finalizar la actual legislatura, en 2027.

“Lo que estamos trabajando es un sistema en el que el aborto esté despenalizado, donde haya acompañamiento, un seguimiento. Que no se pueda abortar en Andorra, pero sí cerca, con un resarcimiento por parte de los servicios públicos andorranos a todos los niveles”, detalló Espot el pasado mayo. Habrá que ver cómo es percibido este movimiento por los movimientos provida internacionales, teniendo en cuenta que el Vaticano, Andorra y Malta son los últimos bastiones de la defensa del derecho a la vida.