Concòrdia quiere controlar a los inmigrantes con un nuevo “dispositivo de acogida” y un curso de catalán obligatorio
La proposición de ley prevé la creación de un servicio de acogida inicial, que dependerá d'Interior

El grupo parlamentario de Concòrdia ha presentado este lunes una iniciativa legislativa destinada a mejorar la integración de las personas migrantes que llegan al Principado con permisos de residencia permanente. Según el presidente del grupo, Cerni Escalé, el objetivo es “evitar que la identidad andorrana se diluya” y reforzar la cohesión social.
La proposición de ley prevé la creación de un servicio de acogida inicial, que dependerá del Ministerio del Interior, y que ofrecerá información sobre derechos y deberes de residencia, orientación sobre servicios sanitarios y educativos, asesoramiento en regulación administrativa y formación básica obligatoria sobre el territorio, las instituciones y la cultura andorrana. Esta formación tendrá una duración de dos medias jornadas y será de carácter inicial y obligatorio para los residentes permanentes.
Además, se fomentará el conocimiento y uso del catalán, con cursos públicos gratuitos diferenciados por niveles, que permitirán obtener certificaciones oficiales con valor administrativo.
Paralelamente, el Govern, junto con los comunes y entidades sociales y culturales, organizará actividades de descubrimiento del territorio y talleres sobre fiestas, tradiciones y patrimonio histórico, así como salidas al medio natural como herramienta de integración y convivencia. Las personas con residencia permanente deberán participar al menos en dos salidas de medio día durante los seis meses posteriores a su llegada.
Concòrdia también ha presentado una modificación de la Ley cualificada de inmigración para mejorar el acceso a la vivienda y reducir la presión sobre los servicios públicos.
Esta proposición busca limitar la inversión en bienes inmuebles por parte de nuevos residentes, incrementándola a sectores de alto valor añadido y estableciendo un umbral de 1 millón de euros (antes 600.000) para los inversores pasivos, mientras que las residencias por cuenta propia tendrán un requisito de 250.000 euros. Según Escalé, la medida contribuye a reducir la presión especulativa sobre el mercado inmobiliario y refuerza el sistema financiero del país.
La ley de Concòrdia se fundamenta en la idea de que conocer el país y sus tradiciones es clave para amarlo, garantizando derechos y deberes, fomentando la participación activa en la vida social y cultural y promoviendo la igualdad de oportunidades. También prevé un catálogo público de asociaciones y entidades para facilitar la participación de las personas migrantes en actividades sociales, culturales y deportivas.
Según el texto legislativo, la norma entrará en vigor seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Andorra y pretende consolidar un Andorra socialmente cohesionado, culturalmente vivo y comprometido con los derechos y deberes de todos los residentes.