Andorra se alinea con Occidente pero la justicia abre la puerta al régimen de Maduro
El Principado admite a Venezuela en el caso BPA a pesar de no reconocer sus elecciones

La escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha vuelto a poner de relieve la complejidad de las relaciones internacionales de Andorra. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha acusado al régimen de Nicolás Maduro de haber convertido Venezuela en un “narcoestado” y de amparar el terrorismo internacional.
Paralelamente, fuerzas navales y aéreas de EE. UU. se han desplegado en el Caribe, donde ya se han producido incidentes con embarcaciones vinculadas, según Washington, al narcotráfico.
En este contexto prebéllico, sorprende la posición aparentemente contradictoria de la justicia y del Gobierno andorranos. Aunque el Principado se ha alineado oficialmente con el bloque occidental y no reconoce la legitimidad de las últimas elecciones venezolanas, el Tribunal Constitucional dictó, el 15 de abril de 2024, una sentencia en la que admitía a la República Bolivariana de Venezuela como parte actora en el procedimiento judicial abierto en la Batllia sobre el caso BPA y las cuentas utilizadas por exdirectivos de PDVSA.
Este hecho resulta llamativo, dado que el anterior Gobierno de Toni Martí había reconocido a Juan Guaidó como presidente legítimo y que el actual Ejecutivo de Xavier Espot ha denunciado las “irregularidades graves” de las últimas elecciones, en las que Maduro proclamó su reelección con el 51,2% de los votos, mientras la oposición asegura que su candidato, Eduardo González, habría obtenido cerca del 70%.
El caso Ramírez y la pieza venezolana del sumario BPA
La pieza separada del macrosumario sobre la Banca Privada d’Andorra (BPA) que afecta a Venezuela tiene como protagonistas a 28 colaboradores de Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y Minería y expresidente de PDVSA durante los años de gobierno de Hugo Chávez. Ramírez, que también ocupó el cargo de embajador ante las Naciones Unidas, perdió el favor de Nicolás Maduro y, según fuentes internacionales, ha sido objeto de una dura persecución política y judicial por parte del régimen.
La participación directa de la República Bolivariana en este procedimiento en Andorra genera perplejidad en diversos sectores, que ven incoherencia entre la posición diplomática oficial del Principado y las decisiones adoptadas en el ámbito judicial. Una situación que, en medio de la creciente tensión entre Washington y Caracas, podría complicar aún más las relaciones exteriores de Andorra.