Países Bajos dice a Andorra que la criminalización de las mujeres por abortar tiene efectos negativos en la salud

El debate sobre la despenalización del aborto ha vuelto a situar a Andorra en el centro del foco internacional. Este martes, el Principado ha sido sometido al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, donde la interrupción voluntaria del embarazo ha sido, nuevamente, una de las cuestiones más comentadas. La información ha sido avanzada por RTVA, que ha realizado seguimiento desde Ginebra.

Durante la presentación del informe nacional, la ministra de Asuntos Exteriores, Imma Tor, ha reiterado que el Ejecutivo mantiene el compromiso de despenalizar el aborto en esta legislatura. Según ha explicado, el proyecto de ley se presentará en el Consell General en los próximos meses.

Proceso complejo

Aun así, Tor ha reconocido que el proceso es “complejo y sensible”, haciendo referencia a las particularidades institucionales del país. Por un lado, la Constitución reconoce el derecho a la vida; por otro, uno de los copríncipes es el obispo de Urgell, representante de la Iglesia católica. La ministra ha defendido que el reto es encontrar un equilibrio entre los derechos de las mujeres y la estructura constitucional del Principado.

A pesar de la penalización vigente, Tor ha remarcado que las mujeres que deciden abortar reciben apoyo sanitario y psicológico, y que ninguna usuaria ni ningún profesional médico ha sido perseguido judicialmente por interrumpir el embarazo fuera del país.

Comprensión internacional

Diversos Estados han reconocido los esfuerzos del Gobierno andorrano para avanzar hacia la despenalización. No obstante, algunos países han expresado preocupación por el marco legal actual. 

La delegada de Países Bajos ha subrayado los efectos que la “criminalización” puede tener en la salud y los derechos reproductivos de las mujeres.

Además del debate sobre el aborto, la delegación andorrana ha enumerado reformas legislativas recientes en materia de derechos humanos: la Ley cualificada de los derechos de los niños y adolescentes, la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, la ley de igualdad de trato entre hombres y mujeres y nuevas medidas para facilitar el acceso a la vivienda, como el programa de compra del primer piso.