Concòrdia propone eliminar la compra de inmuebles como vía para obtener la residencia en Andorra
El objetivo es doble: contener el encarecimiento de los precios de la vivienda y, al mismo tiempo, asegurar que las inversiones de los nuevos residentes generen un retorno tangible para el país
Concòrdia ha registrado este miércoles una proposición de ley para reformar la normativa de inmigración y limitar el impacto de la inversión extranjera sobre el mercado inmobiliario.
La iniciativa llega en un momento en que, según el partido, Andorra sufre una “crisis de vivienda sin precedentes”, marcada por el incremento de los precios, la desaparición progresiva de los pisos de alquiler y el aumento de inmuebles destinados a segunda residencia o a inversión especulativa.
¿Cuál es el precedente?
Desde Concòrdia señalan como punto de inflexión la Ley 10/2012, que permitió a personas extranjeras no residentes adquirir inmuebles sin ningún límite cuantitativo.
El partido considera que esta apertura disparó la demanda y convirtió la vivienda en un activo especulativo, agravando las dificultades de las familias andorranas y de los empresarios para captar mano de obra cualificada.
Residencia pasiva
La propuesta legislativa plantea varios cambios: aumentar los requisitos de inversión para obtener la residencia sin actividad laboral, eliminar la posibilidad de que esta inversión se realice en bienes inmuebles y redirigir parte de los importes a instrumentos financieros andorranos o al presupuesto del Estado.
También se introduce la obligación de destinar al menos 50.000 euros a fondo perdido a la cuenta determinada por el Gobierno, para reforzar la contribución al bienestar colectivo.
Doble objetivo
Según Concòrdia, el objetivo es doble: contener el encarecimiento de los precios de la vivienda y, al mismo tiempo, asegurar que las inversiones de los nuevos residentes generen un retorno tangible para el país. El texto también prevé que el Ejecutivo pueda reducir el número de permisos otorgados y que se pongan trabas a la especulación en el segmento medio del mercado, el más tensionado.
El debate se ha encendido después de que la ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, Conxita Marsol, calificara la iniciativa de “falta de juego limpio político”. Concòrdia, sin embargo, defiende que la medida responde a una “urgencia social” y que pretende reequilibrar el acceso a la vivienda para los residentes, evitando que la legislación favorezca únicamente a capitales extranjeros.
