Homs critica las medidas del Gobierno de Andorra para limitar la inversión extranjera
Homs vería con buenos ojos establecer un contingente máximo de personas por año

Artur Homs, miembro de Claror, ha hecho declaraciones a La Veu Lliure a título personal sobre el nuevo proyecto de ley del Govern para el crecimiento sostenible y el control de la inversión extranjera.
Según Homs, las medidas anunciadas por el Ejecutivo, como el aumento de la inversión mínima para la residencia pasiva de 600.000 a 800.000 euros, solo tendrán un efecto simbólico.
“Esto únicamente encarecerá los precios, porque la gente que viene a Andorra no se preocupa si tiene que invertir 500, 800 o un millón de euros. Estamos hablando de personas para quienes un millón es poca cosa”, ha afirmado Homs.
El miembro de Claror propone, en cambio, establecer un contingente máximo de personas por año y limitar la inversión extranjera a un número razonable de propiedades por cada inversor.
“No puede ser que venga un inversor con una sociedad y compre 20 apartamentos o 30 locales. Hay que establecer límites; no hace falta restringir a una unidad exacta, pero sí poner cupos”, ha subrayado.
Homs ha criticado que el Govern no haya justificado adecuadamente estas medidas: “En Andorra siempre hemos tomado decisiones apagando fuegos. Hace falta un plan de país, saber hacia dónde queremos ir, y tomar decisiones basadas en estudios rigurosos, aunque eso implique perder unos meses más”.
¿Qué proponen las nuevas medidas?
El proyecto de ley, liderado por las ministras Conxita Marsol y Ester Molné, incluye otras medidas como:
Incremento del impuesto sobre inversión extranjera inmobiliaria (IEI) del 3% al 6% para el primer inmueble y hasta el 10% para el resto.
Aumento de las aportaciones a fondo perdido para residentes pasivos y trabajadores autónomos.
Creación de un nuevo permiso temporal para contratación en origen para mejorar el control migratorio.
Posibilidad de limitar determinadas actividades comerciales para garantizar un crecimiento urbanístico equilibrado.
El Govern defiende que el objetivo es ordenar la inversión extranjera y controlar mejor los flujos migratorios, mientras Homs insiste en que los incrementos de importes no resuelven el problema de fondo y que hacen falta límites claros y estudios previos.