Concòrdia exigiría 300.000 euros como mínimo para trasladarse a Andorra como trabajador por cuenta propia
Se solicita una inversión económica mínima de un millón de euro para las residencias pasivas
Concòrdia considera que las herramientas incluidas, por parte del ejecutivo, en el proyecto de ley de continuidad y consolidación de las medidas para el crecimiento sostenible "son medidas muy similares" a las que ellos presentaron para modificar la ley de inmigración, pero también valoran que son "menos efectivas".
Por este motivo, han decidido impulsar un conjunto de enmiendas para "hacer la ley más efectiva". De esta manera, y a grandes rasgos, se quieren requisitos económicos más restrictivos para los permisos de residencia y trabajo por cuenta propia y para los residentes pasivos.
En este sentido, en el caso de los permisos de residencia y trabajo por cuenta propia, quieren que las personas que los soliciten estén obligadas a hacer un depósito de 50.000 euros en la Autoridad Financiera Andorrana (AFA).
Además, un depósito adicional de 50.000 euros a fondo perdido a favor del Estado, y que tengan que realizar una inversión mínima de 200.000 euros de manera permanente y efectiva en activos andorranos, "excluyendo de manera expresa los bienes inmuebles", que podría ser, por ejemplo, en participaciones de sociedades residentes de alto valor añadido que no sustituyan el tejido económico existente. Otra posibilidad sería en instrumentos de deuda pública o emitidos por empresas andorranas. Otra enmienda impulsada desde Concòrdia es que el valor de la inversión se actualice e indexe en función de la variación del mercado inmobiliario para "mantener el efecto económico real de la medida".
También se prevén "exoneraciones para profesiones esenciales de interés para el bienestar colectivo" para garantizar que la normativa no afecte a "sectores clave".
Priorizar el alto valor añadido
También han presentado un conjunto de enmiendas que afectan a las residencias pasivas, donde se solicita una inversión económica mínima de un millón de euros, excluyendo igualmente los bienes inmuebles, que podría destinarse a participaciones en el capital social o fondos propios de sociedades en Andorra consideradas "de alto valor añadido" y que no sustituyan sectores ya existentes en el país, o también en instrumentos de deuda pública o depósitos no remunerados de la AFA.
Esta inversión se actualizará teniendo en cuenta la variación del mercado inmobiliario según el registro de la propiedad. Además, se prevén depósitos adicionales de 50.000 euros no remunerados en la AFA y 25.000 euros por cada persona a cargo. Asimismo, se solicita una inversión de 100.000 euros a fondo perdido a favor del Estado.
Desde Concòrdia destacan que los cambios previstos por el Gobierno que elevan la inversión en bienes inmuebles de 600.000 euros a 800.000 es "una medida que tiene un impacto inflacionista", ya que se considera que hará que los viviendas que ahora tienen precios "más bajos" suban.
En este sentido, el presidente del grupo parlamentario de Concòrdia, Cerni Escalé, ha defendido que lo que buscan es que la ley tenga un "efecto disuasorio" y sirva para impulsar sectores estratégicos para el país, sin añadir más presión al mercado inmobiliario. "En definitiva, lo que queremos son menos nuevos residentes, pero que sean capaces de aportar suficiente a la gasto público andorrano para que los cuentas del Estado estén en una situación más saneada y se puedan ampliar las políticas públicas".
En este sentido, no se permite la inversión en inmuebles, salvo que sea nueva construcción o rehabilitación reciente, y que tenga un alto coste de mercado para "no distorsionar" los **precios más bajos del mercado". Escalé ha subrayado que más del 60% de los inmuebles actualmente ofrecidos en el país superan los 800.000 euros y que se debe evitar que los más accesibles se encarezcan. También ha defendido que es necesario atraer inversores en sectores estratégicos y de alto valor añadido.
