Andorra solicitará a España los correos del SEPBLAC al FinCEN vinculados a Rajoy
Mariano Rajoy negó rotundamente conocer la existencia de la Operación Catalunya
La investigación judicial sobre la presunta Operación Catalunya sigue avanzando en los tribunales andorranos. Según ha podido saber La Veu Lliure, próximamente se solicitará el acceso a una serie de correos electrónicos del SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales) dirigidos al FinCEN, la unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos, así como a unas grabaciones de contravigilancia que estarían en manos de la Dirección General de la Policía Nacional española.
Estas pruebas podrían ser clave para determinar si ciertas estructuras policiales españolas habrían actuado fuera de los canales legales para obtener información bancaria sobre políticos independentistas catalanes. Según las fuentes consultadas, la solicitud se fundamentará en la posibilidad de que la ley de secretos de Estado, en casos puntuales, permita solicitar el levantamiento del secreto sobre documentos clasificados.
¿Qué es la Operación Catalunya?
La Operación Catalunya es una de las causas más controvertidas de la última década. Según las investigaciones y las comparecencias en el Congreso, se trataría de una supuesta campaña parapolicial y judicial destinada a perseguir a políticos independentistas catalanes, así como a obtener información sobre sus actividades financieras y personales.
Durante las sesiones de la comisión de investigación, el expresidente Mariano Rajoy negó rotundamente conocer la existencia de la operación, al igual que hizo respecto al caso Gürtel, la Kitchen o los sobres de Bárcenas. “No tengo conocimiento de ninguna trama parapolicial”, afirmó, desvinculándose de cualquier participación directa.
Su exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, siguió la misma línea, asegurando que la Operación Catalunya es un “invento”.
No obstante, reconocieron que algunos agentes podrían haber realizado actuaciones ilegales sin aval político, sin que ni él ni Rajoy fueran responsables. Testigos y exdirectivos de la Banca Privada de Andorra (BPA) denunciaron presiones y coacciones que indicarían la existencia de un lawfare dirigido contra la banca y, de manera indirecta, contra políticos independentistas.
