La notificación andorrana que Rajoy no puede ignorar: la justicia quiere aclarar el caso BPA

La justicia de Andorra ordenó el envío de una comisión rogatoria a Madrid para notificar formalmente al expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy de que está siendo investigado en la causa del caso BPA, relacionada con las maniobras de la denominada Operación Cataluña.

El requerimiento judicial llega después de que la magistrada Stéphanie Garcia haya corregido los defectos formales que la justicia española había señalado en un primer intento de notificación. El nuevo documento ya cumple todos los requisitos exigidos y obliga a Rajoy a designar un abogado en Andorra; si no lo hace, se le asignará un letrado de oficio.

La investigación se centra en la posible participación de Rajoy en presuntos delitos de coacción a órganos constitucionales andorranos y falsedad documental. Las diligencias abiertas pretenden aclarar si, durante su mandato al frente del Gobierno español, se ordenaron acciones para presionar instituciones de Andorra con el objetivo de obtener información bancaria de manera irregular.

Paralelamente a esta primera comisión, la magistrada tiene preparada una segunda, aún pendiente de envío. Esta se origina a raíz de un recurso del Instituto de Derechos Humanos de Andorra, que reclama que se investigue también la posible existencia de una estructura organizada con objetivos delictivos. La entidad sostiene que existen elementos suficientes para ampliar la causa y considera que se produjo una acción planificada desde el Estado español para acceder ilícitamente a datos bancarios.

Villarejo acusa al Estado español

La investigación incorpora pruebas procedentes de la comisión de investigación del Congreso de los Diputados y de grabaciones realizadas por el excomisario español José Manuel Villarejo. Estas grabaciones, junto con documentación parlamentaria, apuntan al posible funcionamiento de una operativa jerarquizada con finalidad política y no estrictamente policial. Las pruebas aportadas permiten, por primera vez, analizar material que hasta ahora no había sido admitido en procedimientos judiciales fuera del Estado español.

Villarejo, que ya ha comparecido ante la Batllia (tribunal andorrano), ha afirmado que la intervención de BPA no fue un hecho aislado, sino una operación dirigida desde las más altas instancias del Estado español en supuesta coordinación con el Gobierno de Andorra. Según su testimonio, el objetivo era obtener información bancaria que pudiera ser utilizada políticamente.