El Tribunal de Corts reabre la causa contra Rajoy

El Tribunal de Corts ha admitido a trámite el recurso de apelación presentado por el Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA) contra el auto dictado el 19 de agosto de 2025 por la jueza instructora, Stéphanie Garcia. Aquella resolución había rechazado la tramitación de la ampliación de querella interpuesta el 18 de octubre de 2023, que implicaba al expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy, a varios exministros y a mandos policiales por presuntos delitos de asociación ilícita y falsedad documental en el marco de la denominada operación Cataluña.

La defensa, ejercida por el abogado Alfons Clavera y Arizti, sostiene que la decisión de la Batllia es “jurídicamente inapropiada y probatoriamente errónea” y que vulnera derechos fundamentales de la parte recurrente, como la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa.

Entre los motivos expuestos, el IDHA rechaza que el uso del término “presuntamente” pueda ser considerado causa de inadmisión, ya que se trata de una fórmula habitual en fases iniciales de instrucción penal y refleja el respeto a la presunción de inocencia.

Además, el recurso discrepa de la interpretación de la Batllia sobre la supuesta falta de coordinación entre los querellados. El IDHA sostiene que existen indicios concretos que apuntan a una estructura organizada y jerarquizada con el objetivo de obtener información bancaria de manera ilícita.

Como prueba, la entidad señala las grabaciones del excomisario español José Manuel Villarejo, las comparecencias de los querellados en comisiones parlamentarias y documentación oficial, incluida la recopilada por la comisión de investigación sobre la operación Cataluña en el Congreso de los Diputados antes de 2023.

Pese a este archivo parcial, Rajoy y los antiguos responsables del Ministerio del Interior siguen bajo el foco judicial en Andorra. La magistrada mantiene abierta una segunda investigación, presentada con anterioridad, que los vincula a presuntos intentos de vulnerar la soberanía del Principado. En concreto, se trata de las denuncias sobre extorsiones y coacciones a la Banca Privada d’Andorra (BPA) en 2014, cuando agentes de la Policía Nacional habrían intentado obtener información bancaria secreta de dirigentes catalanes y de sus familias, entre ellos Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras.