Acusación solicitará orden de busca y captura de Carlos Mur, residente en Andorra

Este martes, Mur, residente y profesional en Andorra, y Pablo Busca, exalto cargo de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, no se presentaron en los juzgados de la Plaza de Castilla para declarar como imputados en relación con los controvertidos “protocolos de la vergüenza” aplicados en residencias de ancianos. Cinco años después de los hechos y tras dos intentos fallidos, era la primera vez que debían comparecer ante la Justicia española.

El juzgado no pudo localizar a Mur ni a Busca para entregarles la citación judicial, lo que ha llevado a que la acusación anuncie que solicitará una orden de busca y captura. Solo compareció Peromingo, principal redactor de los protocolos, quien reconoció ante el juez que consideraba discriminatorio el contenido de los documentos.

Notificación formal: clave de la ausencia de Mur y Busca

El debate sobre la no comparecencia de Mur y Busca se centra en la notificación formal. La ley establece que un imputado debe recibir la citación por carta certificada, firmada ante un funcionario de correos, momento desde el cual está legalmente obligado a acudir al juzgado.

Si el primer intento de notificación falla, el cartero puede realizar varios intentos y dejar un aviso; hasta entonces, no se considera que la persona esté formalmente notificada, por lo que su ausencia no implica incumplimiento legal. 

Aunque poco habitual, esta situación se ha usado como estrategia para ganar tiempo, aunque puede ser interpretada como mala fe procesal.

Ahora, el juez tiene dos opciones: emitir una orden de busca y captura, como ha solicitado la acusación, o reforzar la citación para garantizar su entrega en el domicilio o lugar de trabajo de Mur y Busca, evitando que aleguen desconocimiento. Mientras tanto, la percepción pública y de las familias afectadas es clara: toda España sabía que debían declarar… excepto ellos.

Peromingo incrimina a Carlos Mur

Según Alejandra Jacinto, abogada de las familias, Peromingo afirmó que había expresado en varias ocasiones, por escrito y por WhatsApp, sus objeciones a las instrucciones de Mur, director de Coordinación Sociosanitaria. 

Mur, según Peromingo, ignoró estas quejas, lo que llevó a redactar hasta cuatro versiones de los protocolos, enviadas a hospitales y residencias entre el 18 y el 25 de marzo de 2020. 

De hecho, la discusión sobre si los protocolos eran discriminatorios es central, ya que se imputa a los acusados un delito de discriminación en el acceso a servicios públicos.

Reacciones de las familias

Jacinto calificó la ausencia de Mur y Busca como “una burla a la Justicia” y anunció que solicitará al juez su declaración en busca y captura. Las asociaciones de familiares Marea de Residencias y Verdad y Justicia exigen medidas que garanticen la comparecencia de los imputados.

Carlos Mur defiende su situación desde Andorra

Desde Andorra, Mur aclaró que no había sido notificado formalmente y que se enteró de la citación a través de la prensa el pasado viernes. “Siempre que se me ha llamado he ido. Iré encantado. Las víctimas y sus familias merecen conocer toda la verdad sobre la pandemia”, declaró.

Mur defendió su labor técnica durante la pandemia y negó cualquier vinculación política actual. Sobre su etapa reciente en el SAAS (2022-2025), donde fue jefe del Servicio de Salud Mental, aseguró que su salida fue voluntaria y pactada. Actualmente, busca retomar su carrera profesional en Andorra como psiquiatra, desvinculado de cualquier connotación política.

Contexto histórico de los protocolos

El conflicto surgió en los primeros días de la crisis sanitaria, cuando se elaboraron los protocolos de triaje para residencias bajo la supervisión de Mur, con participación de un grupo de geriatras liderado por Peromingo.

Los documentos recomendaban descartar la hospitalización de personas con dependencia física o mental, generando desigualdades en la atención y polémica sobre su carácter discriminatorio. La última versión, del 25 de marzo de 2020, fue considerada discriminatoria por las familias.

Situación judicial actual

La investigación está a cargo del Juzgado de Instrucción 23, dirigido por Jesús María Ricardo Serrano. El caso está fragmentado en varios juzgados según el lugar de defunción de los residentes, aunque las familias buscan centralizar la causa en el Juzgado 3 de Madrid. Actualmente, la Audiencia Provincial evalúa esta solicitud.