Dimisión bomba en Protección de Datos: Punjabi denuncia control político y lleva el caso a la Fiscalía

La directora de la Agencia de Protección de Datos (APDA), Resma Punjabi, ha dimitido por el "control político" y las injerencias, además de pedir que se pregunte a los responsables de estas acciones que han provocado su renuncia.

Comunicado:

Durante este mandato, he asumido la responsabilidad de dirigir la Agencia Andorrana de Protección de Datos con un solo objetivo: garantizar que los derechos fundamentales de las personas sean respetados, y que ningún poder, ni público ni privado, pueda utilizar la información personal al margen de las garantías que protegen a la ciudadanía.

Pero una autoridad no puede proteger derechos si no se la protege a ella misma. Y mi experiencia ha sido otra.

He intentado preservar el equilibrio institucional, con lealtad y voluntad de diálogo. Pero el equilibrio no puede confundirse con sumisión, ni el respeto puede ser unidireccional. A pesar de los intentos de colaboración y las advertencias formuladas desde la Agencia, se optó por deslegitimar su labor, impulsar una reforma legal sin consenso y aumentar el control político.

He vivido situaciones que sobrepasan los límites de lo que es aceptable en un Estado de derecho.

La modificación de la LQPD de julio de 2024 no se hizo para reforzar la protección de los derechos de los ciudadanos, como exige el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD), sino para consolidar el control político sobre la Agencia. Aunque se justificó como una adaptación a los estándares europeos y una voluntad de homogeneizar los órganos adscritos al Consell General, la realidad es que la APDA no es comparable a otras instituciones: es la única con funciones sancionadoras y con la misión de garantizar un derecho fundamental que a menudo entra en conflicto con intereses públicos y privados. Equipararla a órganos que no tienen este papel implica desproteger este derecho. Esta reforma blanquea injerencias previas y consagra un modelo en el que la Agencia deja de ser independiente para convertirse en una pieza más dentro del engranaje institucional. Esto, en una democracia, es un error grave.

Todo esto ocurre mientras Andorra está inmersa en negociaciones como el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Un país sin una autoridad de protección de datos independiente no es un país fiable en el entorno europeo. Si no somos capaces de adecuarnos a un Reglamento Europeo de Protección de Datos, ¿qué haremos con el millar de directivas que habrá que implementar? La confianza internacional no se mantiene con discursos, sino con garantías reales.

Ninguna autoridad debería trabajar en estas condiciones siendo constantemente obstaculizada políticamente. Y ningún ciudadano debería aceptar que sus derechos dependan de una institución debilitada o sometida a los intereses de unos pocos.

La protección de datos no es un tema menor. Hoy, los datos mueven el mundo. Quien los controla, tiene poder. Y si no hay una autoridad fuerte, profesional y con recursos suficientes, ese poder se utiliza sin límites: para vigilar o para tomar decisiones que afectan a las personas sin que nadie lo pueda impedir.

No hablo solo como directora. Hablo como ciudadana. Veo con preocupación cómo se consolida un sistema peligroso, donde lo que debería ser un órgano independiente se politiza, se vacía de contenido y se desmantela. El país necesita una autoridad de control con autonomía real, con criterios técnicos claros, con personal cualificado y con recursos suficientes para hacer su trabajo.

He intentado actuar con criterio y responsabilidad, incluso cuando las condiciones no lo ponían fácil. Pero mientras dentro alertábamos de problemas reales, fuera se impuso un relato simplista y totalmente injusto, centrado en mi figura, que sirvió para desviar la atención de lo que realmente está en juego.

Ha llegado el momento de abrir un nuevo debate. De dejar de hablar de personas para hablar de sistema. No podemos normalizar un modelo institucional basado en la subordinación, el miedo y el silencio. El país necesita una autoridad fuerte, técnica y libre de influencias.

Debo decir que durante este mandato he tenido miedo, sí. Pero el miedo nunca puede justificar el silencio.

Y por eso, os informo que he puesto estos hechos en conocimiento de la Fiscalía, porque creo firmemente que lo que ha pasado no se puede normalizar, con la confianza de que esta institución actuará con imparcialidad y responsabilidad para preservar el Estado de derecho y las garantías que protegen a toda la ciudadanía.

También, que, al terminar esta rueda de prensa, presentaré formalmente mi renuncia como Jefa de la Agencia.

No espero unanimidad ni aprobación. Pero sí que hago un llamamiento a que no se siga banalizando la cuestión con juicios personales.

A partir de ahora, las explicaciones corresponden a quien ha decidido, quien ha actuado y quien lo ha avalado.

Me voy con la conciencia tranquila. No dimito por cansancio, dimito porque nadie debería callar o acatar por miedo, y más si su mandato consiste en proteger un derecho fundamental. Y porque ante un abuso de poder, hay algo peor que mirar hacia otro lado: ser partícipe del sistema.