Informe de la Operación Yohara: ¿Por qué la Audiencia Nacional española cita a Jordi Cinca?

La citación del juez Francisco de Jorge a través de la Audiencia Nacional española al exministro y actual presidente de la Comisión de Gestión sobre el Fondo de Vejez de la CASS, Jordi Cinca, ha permitido poner al descubierto un entramado empresarial transnacional que conecta Andorra con Sierra Leone, Liberia, Bélgica y España, revelando la centralidad del Principado en un presunto negocio ilícito que, durante más de dos décadas, combinó poder político, influencia empresarial y delitos contra la humanidad en fase de investigación.

La Veu Lliure ha tenido acceso exclusivo al informe de la Dirección General de la Policía, Comisaría General de Información del Ministerio del Interior de España, en el marco de la Operación Yohara, y a documentos adicionales que detallan la presunta participación directa de Cinca en la supervisión de flujos económicos vinculados a la venta de diamantes extraídos mediante explotación forzada, así como los vínculos establecidos por Manuel Terrén con actores locales e internacionales.

La información recogida sugiere que Andorra podría haber sido un centro de control y coordinación de las operaciones, facilitando la entrada de capitales provenientes de la guerra civil en Sierra Leone al circuito legal europeo.

Desde finales de los años noventa, el grupo Orfund, constituido en Andorra con Joan Samarra Naudí, el exministro del Gobierno Marc Forné, Candid Naudí Mora y Guillem Enric Cervera Fernández como accionistas fundadores, podría haber surgido como un nodo clave en la comercialización de diamantes procedentes de zonas de conflicto en África Occidental. Inicialmente, la constitución de 1994 parecía reflejar un objetivo legítimo: la importación, exportación, compra, venta y manufactura de metales preciosos.

Sin embargo, rápidamente se evidenció que detrás de esta fachada legal se ocultaba presuntamente un entramado destinado a canalizar diamantes extraídos mediante explotación forzada en Sierra Leone y Liberia. Según declaraciones de Joan Samarra Naudí ante la Fiscalía española en febrero de 2022, el modelo empresarial inicial se dividía en una rama industrial, Orfund Fonedors-Afinadors, y una de metales preciosos denominada WIM. Jordi Cinca ejercía como consejero delegado, supervisando directamente a Manuel Terrén, quien operaba en África, coordinando minuciosamente la extracción y tráfico de diamantes.

Entre 1996 y 1999, Manuel Terrén, establecido en Costa de Marfil junto a su pareja Olga Baró y Luis Bielsa, comenzó a tejer conexiones clave con actores locales e internacionales. Fernando Fernández Robleda, vinculado al tráfico de armas, y Alhaji Fofana, hombre de confianza de Charles Taylor y con conexiones directas con el RUF (Frente Revolucionario Unificado) de Sierra Leone, se convirtieron en piezas esenciales de una red que permitía la salida de diamantes de zonas de guerra hacia mercados europeos.

Los documentos policiales muestran que incluso gastos como el pago del teléfono corporativo de Fernández Robleda eran abonados por Orfund con supuesta conocimiento y aprobación de Cinca, evidenciando que este no solo habría supervisado, sino que habría controlado activamente cada paso de la cadena logística y económica.

Durante los primeros meses de 1999, Terrén y Fofana habrían solicitado licencias de exportación para las empresas Diandorra y Bluestone, estableciendo la infraestructura legal necesaria para canalizar los diamantes hacia el mercado europeo. Al mismo tiempo, Terrén abrió un cuenta bancaria en España, convirtiéndola en el principal canal para el flujo económico derivado del tráfico. Según el informe de investigación de la Policía española, Jordi Cinca supervisaba toda la operativa, recibiendo informes directos sobre comisiones, volumen de diamantes y destino final. Alain Benyacar, a través de Cindam Belgium, se convirtió en el intermediario europeo, canalizando los diamantes al mercado legal, cobrando comisiones e informando regularmente a Cinca, evidenciando un conocimiento explícito del origen ilícito de los diamantes.

A finales de abril de 1999, todas las condiciones para el tráfico de diamantes de sangre estaban establecidas. Terrén controlaba el 75% de Diandorra, con participación de otros actores como Fofana, Ramón Terrén, Schinnerer y Tarruella, creando un ecosistema empresarial completamente interconectado.

Los diamantes nunca podrían haber procedido legítimamente de las minas de Liberia gestionadas por Bluestone, sino que provenían directamente del RUF y otras organizaciones armadas que explotaban mineros civiles en Sierra Leone. Terrén conocía plenamente esta procedencia y, mediante las estructuras de Bluestone, Diandorra y Orfund, facilitaba flujos económicos que financiaban la guerra y las atrocidades, obteniendo un producto de calidad superior a costos mínimos.

La Policía española muestra que en el año 2000, Jordi Cinca se desvincula formalmente de Orfund, coincidiendo con el otorgamiento de poderes generales a Terrén, un movimiento que permitía mover grandes cantidades de dinero derivado de la venta de diamantes de Sierra Leone, precisamente en el momento en que se iniciaba el proceso judicial contra Charles Taylor por crímenes de guerra contra la humanidad. Esta coordinación parece indicar una estrategia deliberada para ocultar beneficios y protegerse de la exposición mediática y legal.

Entre 2000 y 2007, Terrén desaparece de la vista pública hasta su aparición en Brasil, donde establece empresas hosteleras y otros activos que, según indicadores de la investigación, podrían haber sido nutridos con fondos derivados presuntamente del tráfico de diamantes.

Caso Orfund

Jordi Cinca se mostró “satisfecho” en noviembre de 2017 con la resolución dictaminada por el Tribunal Superior en relación al Caso Orfund. El órgano judicial decidió archivar la querella interpuesta por el expresidente de la empresa, Joan Samarra, y no continuar con la acusación del empresario, que atribuía los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales y posterior vinculación con el tráfico de armas al ministro.

El entonces ministro no fue partidario de interponer más demandas, aparte de la presentada en diciembre del año anterior contra el libro publicado en España sobre el caso Orfund.

El patrón de blanqueo de capitales se habría mantenido hasta 2022, con transferencias de fondos a España a través de cuentas vinculadas a Maria do Socorro Toscano, pareja de Terrén. La combinación de movimientos financieros, empresas pantalla y estructuras legales diversificadas habría permitido establecer un flujo continuo de beneficios derivados del comercio ilícito de diamantes, manteniendo la apariencia de operaciones legales supervisadas por autoridades financieras. Esta estrategia empresarial muestra una planificación y sofisticación extremas, con estructuras interconectadas en Andorra, España, Bélgica y África que convertían diamantes extraídos por esclavos y mineros civiles en productos legales para el mercado europeo.

Detención de Terrén en 2024

El caso volvió a la actualidad en julio de 2024, cuando Manuel Terrén fue detenido en el aeropuerto de Málaga al llegar en un vuelo procedente de Brasil. Vestía camiseta blanca y pantalón oscuro, y había planeado pasar unos meses de retiro en su finca en Coín.

Su presunto pasado como traficante de diamantes de sangre, con operaciones que generaban beneficios de hasta 15 millones de euros por envío, motivó que la Comisaría General de Información de la Policía Nacional actuara inmediatamente. Su detención y conducción a la Audiencia Nacional puso de relieve la magnitud de las operaciones y la implicación de figuras como el andorrano Jordi Cinca, aunque la Fiscalía no solicitó prisión inmediata ni retirada de pasaporte.

El riesgo de fuga y la gravedad de los crímenes, incluyendo participación directa con generales del RUF como Issa Hassa Sesay, motivaron al juez a ordenar prisión preventiva por crímenes de guerra.

Terrén habría establecido empresas tapadera en Liberia, como Bluestone y Diandorra, para exportar diamantes de sangre a Bélgica, esquivando embargos de Naciones Unidas. La red empresarial y la presunta supervisión de Cinca en Andorra permitieron que estos flujos se mantuvieran ocultos durante años, mientras el RUF financiaba su guerra civil con la extracción de esclavos y diamantes.

Los antecedentes delictivos de Terrén, incluyendo un atraco a banco en Barcelona a los 19 años, muestran una trayectoria marcada por la búsqueda de ganancias ilícitas y la capacidad de moverse entre la sombra y la legalidad aparente. Su conocimiento del continente africano, desde Malí hasta Costa de Marfil y Liberia, le permitió establecer un sistema logístico y corporativo que maximizaba beneficios y minimizaba riesgos legales.

Desde los primeros meses de 1999 hasta las operaciones de blanqueo documentadas hasta 2022, queda claro que el Grupo Orfund, con Cinca como presunto supervisor, Terrén como ejecutivo y otros actores como Fofana, Robleda y Benyacar, habrían construido, según los informes, un ecosistema empresarial transnacional que canalizaba recursos extraídos mediante explotación forzada hacia mercados europeos, obteniendo beneficios masivos y perpetuando indirectamente un conflicto armado en Sierra Leone y Liberia.

El informe apunta a un entramado que conecta Andorra, España, Bélgica, África y Brasil, y es actualmente objeto de investigación judicial y periodística. El caso pone de manifiesto la relación entre poder político, empresarial y delictivo en la comercialización de recursos extraídos en zonas de conflicto, con un coste humano incalculable, del que Andorra, como núcleo de supervisión y control, no puede eludir su responsabilidad.

Operaciones financieras y judiciales hasta 2022

Entre 2000 y 2007, Manuel Terrén Parcerisas desaparece de los registros públicos y profesionales, manteniéndose fuera del radar mediático y judicial. Esta fase de “silencio operativo” coincide con la consolidación de sus estructuras financieras y empresariales en el extranjero, especialmente en Brasil, donde establece empresas hosteleras y de promoción urbanística, como Costa Marina Emprendimentos Turísticos, con un capital inicial que, según la investigación judicial, podría provenir directamente del tráfico de diamantes extraídos con mano de obra esclava en Sierra Leone.

Según la investigación, Terrén, experto en aprovechar zonas grises de la legalidad internacional, aplicó una estrategia de blanqueo de capitales sofisticada, dividiendo flujos y empresas entre varios países, con la intención de diluir el origen ilícito de los recursos y mantener la apariencia de operaciones legales.

Durante este período, el patrón de movimiento de capitales y transferencias se mantiene constante hasta 2022. Los fondos se canalizan a España a través de cuentas vinculadas a Maria do Socorro Toscano, creando un entramado financiero complejo que combina movimientos irregulares, empresas pantalla y estructuras legales diversificadas. Este sistema permite mantener un flujo continuo de beneficios derivados del comercio ilícito de diamantes, reforzando la idea de que todas las operaciones se desarrollan dentro de un marco legal aparente supervisado por autoridades financieras, generando una complejidad que dificulta el rastreo de los capitales ilícitos.

Según el informe especializado de la Policía Nacional, Marc Pantebre, ex presidente de la Cámara de Comercio de Andorra, figura en los registros de la investigación como receptor de varias transferencias de Terrén, un total de quince operaciones por un valor conjunto de 171.000 euros entre marzo de 2016 y marzo de 2022. El análisis de los movimientos bancarios indica que no siguen una periodicidad concreta ni importes regulares, descartando pagos relacionados con servicios profesionales o empresariales.

Los importes eran redondeados, sin decimales que indicaran pago de impuestos o productos de servicios, y en los últimos casos se declaraban como ampliación de capital de la mercantil Marina Lucence, empresa que, según registros oficiales, no constaba en el Registro Mercantil Central de España. Esta circunstancia refuerza la hipótesis de flujos de capital sin base económica legal, posiblemente alimentados con beneficios derivados del tráfico de diamantes de conflicto.

En 2016, Joan Samarra Naudí, presidente de la época del Grupo Orfund, presenta una querella contra Terrén y Jordi Cinca Mateos por administración desleal y blanqueo de capitales en Andorra.