La Fiscalía analiza la denuncia de la exjefa de Protección de Datos por posibles vulneraciones institucionales

La Fiscalía está revisando la denuncia presentada recientemente por la exdirectora de la Agencia Andorrana de Protección de Datos (APDA), Resma Punjabi, que describe posibles vulneraciones institucionales y sitúa algunas actuaciones dentro del ámbito competencial del Consejo General. El documento, que no es público, ha generado inquietud en círculos políticos por su contenido potencialmente comprometedor.

Según fuentes con acceso al escrito, este incluye una descripción detallada de hechos que podrían tener relevancia penal. Entre las situaciones denunciadas se mencionan presuntas presiones políticas, bloqueos presupuestarios y otras actuaciones que podrían haber afectado la independencia operativa de la agencia, así como posibles interferencias que habrían condicionado su labor.

La denuncia también apunta a una posible instrumentalización para desacreditar a la antigua dirección y desviar la atención sobre las reformas legales aprobadas en 2024, las cuales modificaron significativamente el funcionamiento de la Autoridad y se implementaron, según las fuentes, para “regularizar” interferencias previas ya cuestionadas desde el punto de vista institucional.

El documento está acompañado de más de un centenar de pruebas. Algunos de estos elementos podrían encajar en tipologías penales como prevaricación, discriminación, coacción, acoso, corrupción, difamación, calumnia y otras figuras contempladas en el Código Penal.

La denuncia llega en un momento delicado tras la dimisión de la jefa, quien explicó que no quería contribuir a un sistema que premia el silencio y tolera el abuso de poder. Aunque las primeras informaciones se centraron en cuestiones personales o salariales, fuentes cercanas al caso señalan que el asunto de fondo es más profundo y afecta directamente la autonomía y las garantías de la APDA como autoridad independiente. La agencia supervisa el derecho fundamental a la protección de datos y puede sancionar económicamente o incluso suspender tratamientos de datos que considere ilícitos, una función que requiere plena independencia.

Los expertos recuerdan además que el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea incluye varios anexos sobre protección de datos y exige que la estructura institucional de los Estados asociados cumpla con los estándares europeos, donde la protección de datos es un pilar esencial. La denuncia plantea, por tanto, interrogantes sobre si las reformas aprobadas cumplen estos requisitos o si podrían afectar la decisión de adecuación que permite la libre circulación de datos personales con la UE.

Por el momento, el Consejo General no se ha pronunciado públicamente sobre la denuncia ni sobre las cuestiones planteadas por la exjefa de la APDA. Según ha podido saber este medio, la Fiscalía ha comenzado a analizar el texto y las pruebas adjuntas para decidir si procede investigar más a fondo y remitir la denuncia a la Batllia para la apertura de diligencias. Tras ponerse en duda la independencia de la APDA, queda por ver si la Fiscalía actuará con la autonomía que exige la situación.