La justicia andorrana pide a España notificar a Rajoy, Montoro y Fernández Díaz que siguen imputados por el caso BPA
Villarejo aseguró que su actuación, en coordinación con agentes del CNI, fue “conocida y ordenada por la Moncloa
La jueza de Andorra Stéphanie Garcia, de la Sección de Instrucción Especializada 2, ha enviado al Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid una nueva Comisión Rogatoria Internacional (CRI) para que se notifique al expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy y a los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz que siguen siendo investigados en una causa penal en el Principado, según ha publicado ElNacional.cat.
La querella, interpuesta por los hermanos Cierco —antiguos propietarios de Banca Privada d’Andorra (BPA)— junto con el Instituto de Derechos Humanos de Andorra y la entidad catalana Drets, acusa a los antiguos responsables del Gobierno del Partido Popular de haber presionado y coaccionado al Gobierno andorrano y a los directivos de BPA entre los años 2014 y 2015, en el marco de la llamada Operación Cataluña. Según la denuncia, el objetivo era obtener información sobre posibles cuentas bancarias de políticos catalanes como Jordi Pujol, Artur Mas u Oriol Junqueras.
La jueza atribuye a los exdirigentes españoles delitos de falsificación documental y de coacciones a órganos constitucionales, tipificados con penas de hasta diez años de prisión. Según ElNacional.cat, la magistrada insiste en este requerimiento después de que la justicia española rechazara la colaboración en julio de 2024 por un defecto de forma. Ahora, Garcia ha corregido y detallado las imputaciones en una resolución fechada el pasado octubre.
Villarejo apunta a Rajoy
Tal como recoge ElNacional.cat, el comisario jubilado José Manuel Villarejo declaró el pasado martes como testigo ante la jueza y aseguró que su actuación, en coordinación con agentes del CNI, fue “conocida y ordenada por la Moncloa” con la finalidad de controlar a políticos rivales, especialmente en Cataluña. Esta declaración corrobora la implicación directa del Gobierno de Rajoy en las maniobras de la denominada Operación Cataluña.
Coacciones al Gobierno de Andorra
En el relato judicial, Garcia expone que Rajoy y Montoro se habrían reunido con el jefe de Gobierno de Andorra para coordinar la intervención de BPA y Banco Madrid, con la intención de localizar cuentas de políticos independentistas. Según la querella, Rajoy habría utilizado información financiera falsa enviada al FinCEN para intimidar a las autoridades andorranas y forzarlas a liquidar la entidad, advirtiendo que “si no se cerraba BPA, toda la plaza bancaria andorrana quedaría bloqueada”.
Poco después, el diario El Mundo publicó una captura de pantalla de supuestas cuentas vinculadas a la familia Pujol, hecho que, según la investigación, confirmaría la amenaza.
Nuevos investigados y notificaciones pendientes
La nueva CRI también incluye a Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Interior, y a los comisarios Ignacio Cosidó, Eugenio Pino y Bonifacio Díez Sevillano, vinculados a la conocida “policía patriótica” española, por los delitos de coacciones, amenazas, chantaje y extorsión. También figuran los agentes Celestino Barroso y Marcelino Martín Blas (“Félix”), acusados de haber reclamado información bancaria reservada a Higini Cierco.
Finalmente, la jueza pide que se notifique a Bonifacio Díez la querella interpuesta el 28 de septiembre de 2017 por Jordi Pujol Ferrusola y sus hermanos, que ahora se incorpora a la causa principal. Tal como también destaca La Veu Lliure, Mariano Rajoy está obligado a designar un abogado en Andorra para ejercer su defensa dentro de este proceso judicial.
