¿La APDA bajo control político? La reforma legislativa pone en duda el Acuerdo con la UE

La reforma de la Ley Cualificada de Protección de Datos (LQPD), aprobada por el Consell General en 2024, genera crecientes dudas entre los expertos. Según ellos, el nuevo texto legal podría no garantizar la autonomía institucional mínima que exige la normativa de la Unión Europea, poniendo en riesgo uno de los requisitos clave para el Acuerdo de Asociación con la UE.

El problema central es la independencia de la APDA. El derecho europeo no solo exige que las autoridades de control sean independientes en la práctica, sino que también estén estructuralmente protegidas contra cualquier injerencia política o administrativa.

Este criterio fue reforzado por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), en su sentencia C-614/10, donde se consideró que un funcionario federal austríaco, aun actuando con libertad, no podía garantizar una independencia real por el simple hecho de estar vinculado al gobierno.
Esa doctrina ha marcado un precedente importante: la mera posibilidad de influencia o dependencia ya es suficiente para considerar que el principio de independencia queda vulnerado.

Los últimos cambios

Y aquí entran los cambios introducidos recientemente por la reforma andorrana.

El nuevo texto legal establece que los gastos de la APDA serán fiscalizados previamente por la Intervención General del Consell General, que los inspectores de la agencia pasarán a ser funcionarios públicos y que se eliminan garantías como la cláusula de incompatibilidad con cualquier función en partidos políticos, habitual en órganos de control independientes. También se prevé la tutela de la agencia por parte de una comisión parlamentaria.

Todo ello hace que diversos expertos cuestionen si la Agencia puede seguir siendo considerada independiente según los estándares exigidos por la Comisión Europea. Esta cuestión no es menor: el mantenimiento de la decisión de adecuación, que permite la libre circulación de datos personales entre Andorra y la UE, depende de esta autonomía real y legal.

La relación con el Acuerdo y la UE

El debate cobra aún más importancia en el marco de las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre Andorra y la Unión Europea, que incluye varios anexos específicos sobre protección de datos y exige una equiparación del sistema normativo andorrano con el de la UE.

Aun así, las reformas han sido defendidas públicamente por algunos consejeros como simples ajustes técnicos y de funcionamiento interno, negando cualquier vaciado de poder de la agencia. Pero estas declaraciones contrastan con el alcance real de los cambios y con los criterios consolidados por el TJUE.

Es lo que denunció Resma Punjabi antes de dimitir: una APDA menos independiente significa menos garantías para los ciudadanos. Su gesto debería haber encendido la alerta sobre hasta qué punto el Principado cumple con la protección de los derechos fundamentales.

A todo ello se suma el contexto de injerencias políticas denunciadas por la exdirectora ante la Fiscalía. La pregunta es inevitable: ¿por qué se aprobó una reforma que a priori no cumple con los estándares europeos? ¿Podría estar vinculada a aquellas injerencias aún no aclaradas públicamente?