“Es un aviso directo a cualquier funcionario que pretenda poner su cargo al servicio de intereses ajenos al interés público”
La abogada del novio de Ayuso, Lupe Sánchez, destaca que la condena reafirma el principio de igualdad ante la ley
Lupe Sánchez, abogada alicantina de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ofrecido declaraciones exclusivas a La Veu Lliure sobre la reciente condena del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortíz, dictada por el Tribunal Supremo.
Valoración de la condena
Sánchez subraya que la sentencia “confirma que el fiscal general actuó fuera de los límites de su función y que utilizó la institución con fines partidistas”. Según la letrada, el Supremo acredita la revelación de datos reservados y una conducta “incompatible con la legalidad que debía proteger”.
La abogada advierte que la decisión del Tribunal Supremo establece un precedente claro: “Incluso en contextos de presión política, el uso desviado de información confidencial tiene consecuencias penales. Es un aviso directo a cualquier funcionario que pretenda poner su cargo al servicio de intereses ajenos al interés público. Un Fiscal General no puede actuar como el Jefe de Gabinete de un político, que fue exactamente lo que vimos en las horas previas a la filtración por parte de García Ortíz”.
Necesidad de reformas legales y regulatorias
La abogada de González Amador apunta que el caso evidencia la urgencia de reforzar los controles internos y la trazabilidad del manejo de información sensible.
“Las lagunas que permitieron la cadena de comunicaciones irregulares y el posterior borrado de pruebas muestran la necesidad de mecanismos más estrictos de supervisión y preservación de evidencias en la administración pública. Es inadmisible que un Fiscal General pueda exigir que se le remita información sobre expedientes a su correo particular sin que esto tenga consecuencias disciplinarias”.
Implicaciones para la justicia y la confianza ciudadana
La abogada destaca que la condena reafirma el principio de igualdad ante la ley y demuestra que aún existen jueces capaces de resistir la presión política en España. No obstante, Sánchez expresa su preocupación por la reacción institucional al fallo:
“Se está intentando deslegitimar al Poder Judicial y erosionar la confianza ciudadana. Desde el Ejecutivo y medios afines —algunos públicos— se han lanzado acusaciones gravísimas, incluso europarlamentarias socialistas han acusado al Supremo de incitar un enfrentamiento civil. Los ciudadanos que creemos en los contrapesos democráticos no debemos tolerar estos ataques. Debemos mostrar nuestro apoyo a los jueces si el gobierno decide poner en jaque la independencia judicial”.
