Carlos Mur declara en Madrid por el ‘protocolo de la vergüenza’ en residencias durante la Covid

El exjefe de Salud Mental del SAAS, Carlos Mur, tendrá que declarar en Madrid por el caso del ‘protocolo de la vergüenza’. La justicia española retoma esta semana uno de los casos más sensibles heredados de la pandemia: las muertes en residencias de mayores en la Comunidad de Madrid durante los meses más críticos de la Covid-19.

Por primera vez en cinco años, tres exaltos cargos del gobierno madrileño comparecerán ante el juez como imputados.

Los citados son: Carlos Mur, Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca Ostalaza, considerados los principales responsables políticos del conocido protocolo de la vergüenza, que prohibía trasladar a hospitales a residentes con gran dependencia o deterioro cognitivo.

Cinco años después, primera declaración ante el juez

Los tres exaltos cargos están citados este martes a las 10:00 h en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, en el marco de la querella presentada por la familia de una residente de la residencia Amavir Valdebernardo.

Aunque anteriormente habían sido convocados dos veces, nunca habían llegado a declarar. El 26 de mayo las citaciones se suspendieron porque los imputados alegaban no haber recibido toda la documentación. El 17 de junio, otro juzgado —el número 6 de Leganés— también suspendió las declaraciones al inhibirse a favor del Juzgado número 3 de Madrid.

Las entidades de familiares, como “7291: Verdad y Justicia”, confían en que esta vez las declaraciones se puedan llevar a cabo. Además, los tres exresponsables volverán a estar citados miércoles en el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba.

7.291 muertes sin ser trasladados a hospitales

Entre marzo y mayo de 2020, las residencias madrileñas se convirtieron en el epicentro del drama sanitario: 7.291 personas mayores murieron sin ser trasladadas a un centro hospitalario, muchas de ellas sin atención médica adecuada.

El gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó entonces protocolos que impedían derivar residentes según su estado cognitivo o grado de dependencia. Estos documentos, según múltiples informes, habrían condicionado el acceso a la atención sanitaria y son hoy el eje de las distintas causas judiciales.

92 procedimientos abiertos y un giro jurídico clave

Durante casi cuatro años, las denuncias de familiares habían sido sistemáticamente archivadas. El giro llegó a finales de 2024, cuando 109 familiares presentaron una nueva denuncia ante la Fiscalía de Madrid, por delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria (artículo 511 del Código Penal).

A partir de ese momento, varios juzgados de Madrid comenzaron a reabrir causas; actualmente hay 92 procedimientos, de los cuales:

• 73 continúan en instrucción

• 10 están pendientes de recursos

• 4 han llegado al Tribunal Constitucional

• 5 han sido desistidos

El 1 de abril de 2025, el Juzgado de Instrucción número 3 reactivó oficialmente una de las causas principales, iniciando una cadena de imputaciones que actualmente mantiene ocho juzgados investigando el papel de Mur, Peromingo y Busca.