Tras 19 años, la Batllia cierra la instrucción del caso Valora y lo envía finalmente a juicio

Tras casi diecinueve años de instrucción judicial, la Batllia ha declarado concluido el sumario del caso Valora, considerado uno de los episodios de fraude financiero más relevantes de la historia reciente de Andorra.

Según ha informado La Valira, la jueza Azahara Cascales ha acordado remitir la causa al Tribunal de Corts, donde deberá celebrarse el juicio contra el único imputado, Xavier Felipó, exdirector general de la gestora de inversiones Valora.

La conclusión del sumario pone fin, al menos en fase de instrucción, a un procedimiento de duración excepcional, que ha mantenido a cientos de personas afectadas a la espera de una resolución judicial durante casi dos décadas.

Más de 22 millones de euros desaparecidos

Valora era una sociedad especializada en la gestión de patrimonios que administraba los ahorros de más de 400 inversores, mayoritariamente procedentes de Cataluña. La empresa proyectaba una imagen de solvencia y profesionalidad, lo que generó un alto nivel de confianza entre sus clientes, muchos de los cuales depositaron en ella los ahorros de toda una vida.

Esa confianza se vio truncada el 2 de enero de 2007, cuando Valora fue declarada en quiebra. El proceso concursal reveló un agujero patrimonial superior a los 22 millones de euros, una cantidad que no pudo ser recuperada y que tuvo un impacto económico y personal muy significativo para numerosas familias.

En el auto de conclusión del sumario, la jueza Azahara Cascales atribuye a Xavier Felipó diversos delitos, entre ellos administración desleal, estafa cualificada, quiebra delictiva, falseamiento de cuentas sociales y uso de documentación privada inauténtica.

La investigación judicial sostiene que la gestora realizó operaciones de alto riesgo sin el conocimiento ni la autorización expresa de los clientes, vulnerando los mandatos de gestión suscritos. Asimismo, diversos informes periciales apuntan a la manipulación de documentación contable con el objetivo de ocultar pérdidas y mantener una apariencia de normalidad financiera.

Felipó, miembro de una familia andorrana conocida, ha sido señalado por los perjudicados como el único responsable penalmente imputado, si bien algunos afectados consideran que podrían existir otras responsabilidades no investigadas.

Una instrucción de duración excepcional

Uno de los elementos más destacados del caso Valora ha sido su prolongada duración procesal. Desde 2007, la causa ha pasado por diversas juezas —entre ellas Cristina Bea, Anna Estragués, Canòlic Mignorance y Núria Garcia Val— sin que se produjeran avances sustanciales durante largos periodos.

En varias ocasiones, el procedimiento quedó prácticamente inactivo, una situación que generó una profunda preocupación entre los afectados. Esta realidad fue reconocida públicamente por el presidente del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rossell, quien en una entrevista calificó el retraso del caso como una situación “inadmisible”.

Varios inversores recurrieron al Tribunal Constitucional, denunciando la vulneración del derecho fundamental a un juicio en un plazo razonable, recogido en la Constitución andorrana. Aunque el tribunal estimó parcialmente los recursos, los avances procesales fueron limitados y las compensaciones por daños morales, modestas.

Dificultades de acceso a la información

Según La Valira, a lo largo de la instrucción se denegaron diversas diligencias solicitadas por los perjudicados, algunas de ellas consideradas relevantes para el esclarecimiento de los hechos. También se denunciaron limitaciones en el acceso a la documentación, así como la pérdida o extravío puntual de algunos expedientes.

La posterior digitalización del sumario permitió a los afectados consultar parte del material judicial, aunque con restricciones: los nombres de los clientes aparecen encriptados y algunas piezas separadas continúan sin ser accesibles, lo que ha dificultado una visión global del caso.

Situación patrimonial del imputado

Pese al volumen del perjuicio económico, Xavier Felipó se ha declarado insolvente durante años. Oficialmente, ha manifestado ingresos modestos vinculados a la empresa familiar, una situación que algunos perjudicados han puesto en duda.

Según la misma fuente, su esposa se incorporó a Andbank tras el estallido del caso y ha ocupado diversos cargos de responsabilidad. Cabe recordar que Andbank había sido socio fundador de Valora a través de Reig Patrimonia, una relación que sigue generando interrogantes entre los afectados.

Un juicio largamente esperado

Con la remisión de la causa al Tribunal de Corts, las víctimas del caso Valora confían en que el juicio permita esclarecer definitivamente los hechos que defienden, determinar las responsabilidades penales correspondientes y aportar, por fin, una respuesta judicial a un caso que se ha prolongado durante casi dos décadas.