Las obras públicas paralizadas por el auge del sector privado en Andorra

Durante la comparecencia conjunta de los siete cònsols en el Consell General, Eva Sansa, cònsol mayor de La Massana, ha alertado sobre las dificultades que enfrentan los comunes para ejecutar proyectos de interés público debido a la priorización de la construcción privada.

Concursos esenciales quedan desiertos 

Según Sansa, las empresas constructoras del país a menudo concentran sus esfuerzos en proyectos privados, dejando en segundo plano obras esenciales como la mejora y el mantenimiento de la red de agua y otras infraestructuras públicas.

“Tenemos un grave problema porque no podemos sacar adelante estas obras. La obra privada avanza y nosotros nos encontramos con desiertos en los proyectos públicos”, explicó la cònsol.

La situación evidencia los retos derivados del crecimiento urbanístico del país, especialmente en momentos de auge constructivo, y pone de relieve la necesidad de mecanismos que permitan a los comunes garantizar que los proyectos de interés público no queden paralizados.

Una sola voz por un urbanismo sostenible

Los cònsols han insistido en la importancia de actuar con una sola voz y coordinarse para asegurar un crecimiento urbanístico equilibrado, con herramientas que regulen la oferta y sancionen a los infractores. 

Además, han recordado que la gestión de infraestructuras como vertederos y redes de agua depende tanto de la planificación previa como de la capacidad operativa de los comunes.

Según Alcobé, el crecimiento urbanístico es consecuencia del dinamismo económico y social, generado por la llegada de nuevos residentes y la apertura de comercios y negocios, con un impacto social, turístico y territorial. Defendió la coordinación entre gobierno y comunes dentro del marco legal existente.

También recordó la moratoria de 2003, que provocó un exceso de proyectos autorizados pero no ejecutados, y la evolución de los planes urbanísticos comunales (POUP), con revisión de planes y adaptaciones, como el nuevo sistema de aguas en La Massana, para ajustarse al crecimiento real de las parroquias.

Los vertederos y el turismo

Laura Mas detalló los costes y limitaciones de la gestión de los vertederos en Andorra. La construcción y mantenimiento de un vertedero puede suponer desde 300.000 euros hasta 7 millones, dependiendo de la fase de desarrollo, como en el caso del Maià. Los ingresos dependen de las toneladas depositadas, con un coste actual por tonelada de 8,5 euros en Maià y 12,5 euros en Sant Julià.

En cuanto a la operativa diaria:

• Maià: 30-55 camiones diarios, máximo 100; operativo de mayo a noviembre.

• Beixalís: 20-115 camiones diarios; operativo todo el año; actualmente cerrado.

• La Rabassa (Sant Julià): 5-10 camiones diarios; solo tierras y piedras propias; funcionamiento de septiembre a junio.

Mas remarcó que la capacidad real de los vertederos depende no solo del volumen, sino también de la accesibilidad y la vialidad, especialmente para vehículos de gran tonelaje. Por ejemplo, La Rabassa no puede soportar un flujo elevado de camiones en verano sin afectar el turismo y la seguridad.

Eva Sansa afirma que els projectes d'obres públiques a la Massana no poden competir amb el boom de la construcció privada pic.twitter.com/QdxoC5jTU3

— La Veu Lliure (@laveulliure) December 2, 2025