Andorra plantea una nueva ley para frenar el crecimiento urbanístico sin “demonizar” la construcción

El ministro de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, Guillem Casal, ha reconocido a RTVA la necesidad de poner orden en el ritmo constructivo que vive Andorra, con un “estallido urbanístico” que genera preocupación social y medioambiental. Sin embargo, descarta que el país esté sufriendo una deforestación masiva y pide abordar el debate con realismo y sin alarmismos.

Según Casal, el Gobierno trabaja en una reforma de la ley general de ordenamiento del territorio y urbanismo, con el objetivo de definir un modelo de crecimiento “más asumible y coherente con el conjunto del país”.

“Es posible modificar esta ley, y creo que ya hemos demostrado que se puede hacer. Ahora toca hacerlo en su conjunto para garantizar un crecimiento más digerible”, afirmó.

Los bosques, en el punto de mira — pero el ministro niega una pérdida real de masa forestal

El principal foco del debate se centra en el impacto del crecimiento urbanístico sobre las zonas forestales. Casal defiende que, según los datos de los organismos técnicos del país, no se ha producido una pérdida significativa de bosque público, ya que la mayoría de las construcciones se han levantado en terrenos privados.

“No ha habido ninguna desaparición de un bosque en nuestro país. Los bosques son públicos, y por lo tanto no ha habido construcción privada que los haya arrasado”, remarcó, aunque admitió que “seguramente alguna barbaridad constructiva se ha hecho en el pasado”.

Aunque defiende que la situación no es crítica, el ministro reconoce que se necesita una gestión forestal más cuidadosa, pero rechaza medidas extremas o inmovilistas:

“No debemos llevar la gestión de los bosques al extremo. Lo dicen los expertos en ingeniería forestal: hay que actuar con criterio y planificación.”

Los comunes, actores clave en la futura regulación

Casal recuerda que los comunes son responsables de los planes de gestión forestal, por lo que el futuro de la reforma legislativa no solo se debatirá en el Consell General, sino también en el territorio.

A pesar de las voces que alertan de un riesgo de masificación, el Ejecutivo se muestra tranquilo e insiste en que la nueva ley servirá para ordenar una situación que, según ellos, aún no se ha convertido en un problema estructural.

Queda por ver si el proyecto legislativo logrará equilibrar crecimiento económico y preservación del paisaje, dos conceptos que, en Andorra, a menudo se encuentran en tensión.