La Comisión de Finanzas alerta de que algunas entidades no cumplen las recomendaciones del Tribunal de Cuentas

La Comisión Legislativa de Finanzas y Presupuesto ha hecho público su informe relativo a las fiscalizaciones llevadas a cabo por el Tribunal de Comptes correspondientes al año 2023.

Del análisis realizado se desprende la constatación “con preocupación de que, a la hora de elaborar su informe, algunas de las entidades auditadas todavía no dan cumplimiento a las reservas formuladas reiteradamente por el Tribunal de Cuentas y al mandato del Consell General”.

Lamentan, por tanto, que “esta persistencia obliga, año tras año, a insistir nuevamente en la necesidad de regularizar estas situaciones”.

Preocupación y cambios

Además, también muestran su “preocupación” por el hecho de que algunas irregularidades podrían ser constitutivas de acciones u omisiones con consecuencias de responsabilidad civil y administrativa, y, en consecuencia, recomiendan la adopción “inmediata” de medidas correctivas.

No obstante, desde la Comisión se destaca que se es consciente de que algunas situaciones “solo podrán ser regularizadas mediante la correspondiente modificación legislativa”.

Por ello, recomiendan al Govern “el análisis y la presentación al Consell General de la modificación legislativa que proceda” de acuerdo con el informe de fiscalización del ejercicio 2023.

Algunas constataciones realizadas por la Comisión señalan que, a pesar de las alegaciones presentadas y de la documentación aportada por las entidades auditadas —que han permitido que algunas observaciones y recomendaciones hayan sido modificadas o anuladas—, el Tribunal de Cuentas considera que “muchas de las alegaciones no aportan información relevante que permita modificar las observaciones y conclusiones obtenidas a partir del análisis de la documentación examinada durante los trabajos de fiscalización”.

Desde la Comisión Legislativa de Finanzas y Presupuesto se hace hincapié en que algunas de las entidades auditadas no realizan un seguimiento presupuestario ajustado estrictamente a la ley, dado que a lo largo del ejercicio no se registran las distintas fases de ejecución de los presupuestos de ingresos y gastos.

Además, algunas de estas entidades realizan un control ofimático, y la liquidación presupuestaria se elabora a partir de la información registrada en la contabilidad financiera. “La falta de registro de las fases de ejecución presupuestaria dificulta, y en algunos casos puede impedir, las verificaciones en relación con el cumplimiento del principio de anualidad regulado” en el texto legal.

En este sentido, la Comisión recuerda que la ley obliga a las entidades parapúblicas o de derecho público, a los comunes y a las sociedades públicas a crear todas las figuras necesarias para garantizar las funciones de control previstas, así como el fiel cumplimiento de todos los procedimientos regulados para la ejecución del presupuesto.

Y en esta línea, recomiendan aprobar una estructura presupuestaria “de obligado cumplimiento, que debería definir de forma clara las cuentas presupuestarias que deben utilizarse en la elaboración del presupuesto, tanto de ingresos como de gastos, y la correlación con las cuentas definidas en las normas contables”.

Otra de las prácticas en las que se pone el foco es la de los pagos y disposiciones en efectivo realizados con tarjetas de crédito que, aunque son objeto de regularización posterior, no siguieron en el momento de efectuarse el procedimiento y las fases previstas por la ley. En este sentido, se recomienda la adopción de un procedimiento para el uso de este sistema de pago que se ajuste a las previsiones de la Ley de Finanzas Públicas.

Otro aspecto que subrayan es que algunas entidades no respetan el principio de mancomunación de firmas, que debe regir en la gestión de fondos públicos. Por ello, se recomienda adecuar los procedimientos de pago para que se respete dicho principio.

Desde la Comisión se recuerda el trabajo iniciado en la pasada legislatura para actualizar las atribuciones del Tribunal de Cuentas y se subraya “la firme voluntad de continuar con la implementación de un plan de trabajo para analizar las modificaciones necesarias del marco legal vigente que regula la organización y funcionamiento del Tribunal de Cuentas”.