Rajoy, obligado a comparecer en Andorra con abogado
Aunque se considera que Rajoy no lideró la Operación Cataluña, se da un nuevo impulso al caso con pruebas actualizadas
La justicia andorrana ha dado un impulso al caso que implica al expresidente del gobierno español Mariano Rajoy y a varios exministros por presuntos delitos vinculados a la Operación Cataluña. La jueza especializada Stéphanie Garcia ha ordenado el envío de una comisión rogatoria a Madrid, y está pendiente de enviar una segunda.
La primera, enviada con los defectos formales corregidos —tal como había requerido la justicia española—, sirve para notificar oficialmente a Rajoy que está investigado por presunta coacción a órganos constitucionales y falsedad documental. Asimismo, se le exige que designe un abogado en Andorra. En caso de no hacerlo, se le asignará un letrado de oficio.
La segunda comisión rogatoria responde a un recurso presentado por el Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA) contra el auto dictado el pasado agosto, en el cual la jueza había inadmitido la ampliación de la querella por asociación ilícita.
Las pruebas de la comisión de investigación del Congreso de los Diputados
Tal como adelantó este diario, la entidad sostiene que existen indicios de una estructura organizada y jerarquizada para obtener información bancaria mediante vías ilícitas, y aporta como pruebas las grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo, documentación parlamentaria e informes de la comisión de investigación del Congreso de los Diputados.
La corrección de los errores de notificación garantiza que Rajoy será informado de manera formal y efectiva de sus obligaciones procesales.
Operación Magno
Durante el mes de noviembre, la Batllia prevé escuchar a testigos como Jordi Cinca, Gilbert Saboya, Villarejo y el abogado Fusté Fabra. Una vez completadas estas declaraciones, la magistrada viajará a Madrid para interrogar a los implicados, entre los más conocidos: Mariano Rajoy, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el director de la Policía, Ignacio Cosidó.
Paralelamente, continúa abierta una investigación anterior que vincula a Rajoy y antiguos cargos del Ministerio del Interior con intentos de vulnerar la soberanía andorrana. Entre los hechos investigados se incluyen las presuntas coacciones y extorsiones a la Banca Privada de Andorra (BPA) en 2014 con el objetivo de acceder ilícitamente a datos bancarios de dirigentes catalanes como Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras.
La reapertura del caso apunta a que Andorra mantiene la voluntad de continuar investigando injerencias externas y posibles responsabilidades penales de altos cargos españoles.
