Referéndum con doble pregunta para proteger el sector financiero del Acuerdo con la UE

La parte relativa a los servicios financieros del Acuerdo de Asociación entre Andorra y la Unión Europea se ha convertido en uno de los elementos más sensibles y estratégicos de todo el proceso negociador.

Según fuentes europeas consultadas, este bloque del acuerdo está considerado por el Consejo de la UE como “parte mixta”, lo que implica que no podrá entrar en vigor hasta que sea ratificado por todos los parlamentos de los estados miembros.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha explicado que las secciones que se considerarán mixtas —el artículo sobre buena gobernanza fiscal y el artículo sobre inversiones en cartera— representan solo un pequeño porcentaje del contenido total del acuerdo.

Implicaciones políticas para la banca andorrana

Este detalle jurídico tiene una gran consecuencia política: la banca andorrana es uno de los pocos sectores con capacidad real para competir en el mercado interior europeo, a diferencia de otros ámbitos como las profesiones liberales, donde los operadores del Principado difícilmente podrían hacer frente a las grandes estructuras empresariales del resto de la UE.

La “joya” del acuerdo: la parte más lenta en aplicarse

Precisamente por su impacto y por afectar competencias compartidas entre la UE y los estados miembros —como la supervisión financiera, el acceso al mercado interior o la lucha contra el blanqueo de capitales—, el protocolo financiero requiere una ratificación completa, un proceso que puede prolongarse durante años y quedar expuesto a bloqueos políticos en los parlamentos nacionales.

Esto sitúa a Andorra en un escenario delicado: la sección potencialmente más beneficiosa del acuerdo, en materia financiera, sería la última en aplicarse, mientras que otros capítulos menos favorables podrían entrar en vigor antes si se opta por una aplicación provisional.

Referéndum con doble pregunta: estrategia política y económica

En este contexto, cobra relevancia la propuesta planteada recientemente por el jefe de Gobierno sobre la posibilidad de que el referéndum incluya dos preguntas diferenciadas: una sobre el apoyo al Acuerdo de Asociación y otra sobre su aplicación provisional.

Según esta interpretación, compartida por diversas fuentes comunitarias, el Gobierno podría buscar un “sí” político al acuerdo, reforzando su legitimidad democrática, pero al mismo tiempo evitar una aplicación provisional inmediata que activara primero los aspectos más sensibles o menos competitivos para la economía andorrana.

De este modo, Andorra ganaría tiempo mientras se completa el proceso de ratificación en los estados miembros, asegurando que la parte financiera del Acuerdo con la UE pueda entrar en vigor en su totalidad cuando concluya el proceso.