Andorra impulsa una nueva ley de discapacidad para reforzar derechos, autonomía e inclusión
El texto incorpora varias medidas para reforzar los derechos en el ámbito judicial o como la asistencia letrada gratuita entre otros
El Govern d’Andorra ha presentado el proyecto de ley de personas con discapacidad, una reforma legislativa clave que busca modernizar el marco jurídico del país y alinearlo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
La iniciativa, expuesta por la ministra de Afers Socials, Trini Marín, pone el foco en un enfoque basado en derechos humanos, reforzando la autonomía personal, la inclusión social y la igualdad de oportunidades.
Principales novedades de la ley de discapacidad en Andorra
El nuevo texto legal no solo actualiza la normativa vigente, sino que incorpora medidas innovadoras destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en Andorra.
Jubilación anticipada por envejecimiento prematuro
Uno de los puntos más destacados es la creación de una modalidad de jubilación anticipada para personas con discapacidad grave o patologías asociadas a envejecimiento prematuro.
- Podrá adelantarse hasta 5 años respecto a la edad ordinaria.
- Mantendrá la prestación íntegra.
- Será financiada por la CASS.
Esta medida busca dar respuesta a situaciones de mayor vulnerabilidad y garantizar una protección social adecuada.
Inclusión, educación y empleo: más igualdad de oportunidades
El proyecto de ley refuerza el enfoque preventivo y la intervención temprana, permitiendo ofrecer apoyos incluso a personas que, sin alcanzar el grado legal de discapacidad, necesitan acompañamiento específico.
En materia educativa, la norma garantiza:
- Acceso en igualdad de condiciones a escuelas bressol hasta la edad de escolarización.
- Adaptación del contrato de aprendizaje para facilitar la inserción laboral.
- Medidas específicas para fomentar la inclusión en el mercado de trabajo.
Actividades terapéuticas y apoyo especializado
Otra novedad importante es la regulación de las actividades con finalidad terapéutica, una demanda recurrente del sector social y sanitario.
El objetivo es asegurar el acceso a estos recursos a todas las personas que los necesiten, incluso en casos de discapacidad severa o alta dependencia.
Refuerzo de derechos en el ámbito judicial
En el ámbito de la justicia, el proyecto introduce importantes garantías:
- Asistencia letrada gratuita para víctimas de discriminación o capacitismo.
- Protocolos de coordinación entre Gobierno, policía y sistema judicial.
- Medidas para evitar la victimización secundaria.
- Protección de derechos en detenciones y procesos judiciales.
También se prevé la posibilidad de activar evaluaciones urgentes en casos de sospecha de discapacidad.
Régimen sancionador y garantía de no discriminación
La ley incorpora un régimen sancionador supletorio para castigar conductas discriminatorias cuando no exista normativa sectorial específica.
El objetivo es asegurar la efectividad de los derechos y reforzar la lucha contra la discriminación por motivos de discapacidad.
