Se retirará la autorización de residencia a quien reagrupe de forma ilegal
La medida se incluye en el proyecto de ley de consolidación del crecimiento sostenible
El Consell General ha aceptado la enmienda presentada por Andorra Endavant que permitirá anular todas las autorizaciones de residencia de un núcleo familiar cuando se detecte un reagrupamiento familiar indebido o ilegal.
La medida se enmarca dentro del proyecto de ley de continuidad y consolidación de las medidas para el crecimiento sostenible y refuerza el principio de tolerancia cero frente al fraude en materia de inmigración.
La enmienda, defendida por la presidenta del grupo parlamentario, Carine Montaner, establece la nulidad automática de todas las autorizaciones concedidas cuando se acredite que el reagrupamiento no cumple los requisitos legales.
Con esta modificación, el Ejecutivo dispondrá de una herramienta clara para retirar los permisos de residencia en estos casos, reforzando la seguridad jurídica y la credibilidad del sistema migratorio andorrano.
Nuevas infracciones muy graves contra el fraude
Esta enmienda forma parte de un paquete más amplio de modificaciones al proyecto de ley de continuidad y consolidación de las medidas para el crecimiento sostenible, que también incorpora tres nuevas infracciones muy graves:
Contrataciones ficticias, para evitar la obtención de permisos laborales sin actividad real.
Simulación de residencias por parte de gestorías o inmobiliarias para esquivar los requisitos legales.
Alquileres a personas sin papeles o con actividad irregular, con el objetivo de garantizar la legalidad en el mercado inmobiliario.
Según el grupo, estas medidas permitirán combatir prácticas fraudulentas que distorsionan tanto el mercado laboral como el mercado de la vivienda.
“Andorra debe ser abierta, pero no ingenua”
Desde Andorra Endavant han defendido que la aceptación de las enmiendas supone un paso adelante en la ordenación del crecimiento demográfico y económico del país.
“El país debe ser abierto, pero no ingenuo”, han reiterado, insistiendo en la necesidad de garantizar que el acceso a la residencia se realice bajo criterios de legalidad y de aportación real al Principado.
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