El Sindicat d’Habitatge acusa al Govern de querer aprobar “una Ley de Expulsión Programada”

El Sindicat d’Habitatge d’Andorra ha publicado este lunes un contundente comunicado en el que expresa su oposición frontal al Proyecto de Ley de Desintervención presentado por el Govern. 

Aunque valoran positivamente que el Ejecutivo se reuniera con ellos y permitiera realizar aportaciones, denuncian que el tiempo otorgado para analizarlas “no ha sido suficiente para elaborar democráticamente una respuesta adecuada”.

No supone una transición sostenible según el sindicato

Tras estudiar en profundidad la propuesta, el Sindicat sostiene que la iniciativa gubernamental no representa una transición justa, sino “un retorno a las condiciones que han originado la crisis actual de vivienda”. 

Por ello, rechazan limitarse a presentar enmiendas y han elaborado un documento de contrarespuesta que ya ha sido remitido al Govern, a los grupos parlamentarios y a los principales colectivos y agentes sociales del país.

Según el Sindicat, el planteamiento del Govern se asemeja más a “una Ley de Expulsión Programada” que a una solución equilibrada y garantista. 

Acusan al projecte de repartir en el tiempo “una agresión material” que incluye nuevas subidas de precios, pérdida de estabilidad para los inquilinos y el refuerzo del poder de los grandes propietarios. “La gradualidad por sí sola no equivale a justicia”, remarcan.

El col·lectiu denuncia que el Govern no establece un sistema estable ni mecanismos claros de control y sanción. Cuestionan cómo se determinará un “precio razonable” de alquiler y qué ocurrirá cuando un propietario imponga un precio abusivo. También consideran que el projecte “prioriza los intereses de la patronal”, ralentizando pero no resolviendo los incrementos que afectan directamente a los inquilinos.

Otro de los puntos críticos es el riesgo de consolidar un mercado dual, ya que los contratos firmados a partir de 2022 quedarían fuera del régimen regulado. Esto, según el Sindicat, dejaría desprotegidas a miles de personas que han tenido que entrar al mercado en el peor momento, incluidas familias locales que han cambiado de vivienda por separaciones, cambios personales o pérdida del piso.

El Sindicat critica asimismo que el Govern no haya garantizado un registro público y transparente de la propiedad, ni un censo completo de viviendas, ni la implementación de un Índice de Precios de Referencia. Sin estas herramientas, afirmen, “la política de vivienda continúa moviéndose en la opacidad, siempre en beneficio de quien tiene más poder”.

En su comunicado, el Sindicat sostiene que la desintervención que plantea el Govern es en realidad “una operación política para transferir el coste de la crisis a los hogares que viven de alquiler” y que busca restaurar gradualmente el poder del gran propietario “sobre la vida de la mayoría”.

Finalmente, hacen un llamamiento a todos los colectivos sociales, culturales, sindicales y vecinales, así como a los pequeños propietarios que también sufren el contexto de precios abusivos, a organizarse para defender un modelo de vivienda justo. Advierten que, si el Govern mantiene su actual dirección, “encontrará delante a un pueblo dispuesto a responder”.

El Sindicat critica també l’absència d’un registre públic i transparent de la propietat i d’un cens complet d’habitatges, així com la manca d’un Índex de Preus de Referència. 

Sense aquestes eines, consideren que “la política d’habitatge continua movent-se en un terreny d’opacitat que sempre afavoreix qui té més poder”.

En el seu comunicat, el col·lectiu qualifica la proposta governamental com “una operació política per transferir el cost de la crisi a les llars que viuen de lloguer” i afirma que, lluny d’una desintervenció equilibrada, es tracta d’“una Llei d’Expulsió Programada”.

Finalment, fan una crida a tots els col·lectius socials, culturals i sindicals del país —incloent-hi petits propietaris— a organitzar-se per defensar “un model just per a tothom”. El Sindicat assegura que ha teixit una xarxa popular sòlida i adverteix que, si el Govern manté el rumb actual, “trobarà al davant un poble disposat a respondre”.