El Govern d'Andorra ha presentado este jueves un nuevo Proyecto de ley de continuidad y consolidación de las medidas para el crecimiento sostenible, con el objetivo de fortalecer el control sobre la inversión extranjera y reforzar la gestión migratoria del país. 

Aunque los teléfonos móviles están prohibidos en el sistema educativo andorrano, desde el Ministerio de Educación reconocen que aún hay situaciones que pueden “escaparse”, por lo que se trabaja en medidas que permitan reforzar el control de aquello que ya está prohibido por normativa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que Israel y Hamás han firmado la primera fase del plan de paz, un acuerdo que prevé la liberación inmediata de todos los rehenes, incluidos los 20 aún vivos secuestrados desde el ataque islamista ocurrido hace dos años en el sur de Israel.

La importación de carburantes durante el mes de septiembre se situó en 11,77 millones de litros. Según publica este jueves el Departamento de Estadística, esto representa una ligera variación negativa del 0,03% respecto al mismo mes del año anterior.

La Policía de Andorra iniciará el próximo lunes 13 de octubre una nueva campaña de una semana enfocada en combatir la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas. Los controles específicos se ubicarán en diversos puntos de la red viaria hasta el 19 de octubre, con el objetivo de prevenir accidentes y reducir la siniestralidad.

Este jueves, el Consell General aprobó la introducción de la educación financiera dentro del currículo de la Escuela Andorrana. La iniciativa busca preparar a los estudiantes para tomar decisiones económicas con mayor seguridad y fomentar el espíritu emprendedor.

A propuesta de Noemí Amador, conseller de Andorra Endavant, el objetivo es “preparar ciudadanos capaces y con criterio” y potenciar la cultura del emprendimiento desde las etapas educativas.

Jordi Jordana, presidente del grupo parlamentario Demòcrates per Andorra, explicó este jueves por qué su partido no votará a favor de la propuesta presentada por el Partit Socialdemòcrata y Concòrdia para impulsar una ley de asilo, con el objetivo de permitir una mayor flexibilidad a la hora de acoger refugiados en el país.

El Consell General ha aprobado este jueves la proposición de ley de modificación de la Ley para la Erradicación de la Violencia de Género y Doméstica, conocida como Convenio de Estambul, con el objetivo de garantizar la prestación económica a las víctimas cuando el agresor no pueda asumir la indemnización.

La medida, impulsada por los grupos Demòcrates, Ciutadans Compromesos, Concòrdia y PS, ha recibido un amplio apoyo parlamentario, con la única excepción de Andorra Endavant.