Andorra mantiene el modelo de nacionalidad única pese a las demandas de apertura

El Consell General ha aprobado este jueves el proyecto de ley cualificada de modificación de la Ley de la nacionalidad con los votos favorables de la mayoría demócrata y de Andorra Endavant, mientras que el Partit Socialdemòcrata (PS) y Concòrdia han votado en contra al considerar que la reforma mantiene un modelo demasiado restrictivo de acceso a la ciudadanía.

La modificación legislativa introduce algunos cambios puntuales, pero preserva intacto el sistema actual de nacionalidad única, que obliga a la mayoría de personas que adquieren la nacionalidad andorrana a renunciar a su pasaporte de origen.

El debate parlamentario ha estado marcado especialmente por la discrepancia sobre los años de residencia necesarios para obtener la nacionalidad. 

El conseller general de Demòcrates, Jordi Jordana, ha defendido que “tal y como está la situación, la movilidad demográfica tan acelerada hace necesario mantener los plazos actuales de residencia para acceder a la nacionalidad”.

Sobre la identidad andorrana

Según Jordana, reducir estos plazos “haría disolver la nacionalidad y la identidad del país”, en un contexto en el que la población extranjera continúa siendo mayoritaria en Andorra.

Entre las modificaciones destacadas, la reforma permitirá adquirir la nacionalidad a los hijos nacidos en el extranjero de personas andorranas también nacidas fuera del país en determinadas circunstancias. 

El texto también flexibiliza el cómputo de los años de escolarización para los jóvenes escolarizados en el Principado y amplía los plazos para renunciar a una nacionalidad de origen cuando ya se hayan iniciado los trámites correspondientes.

Pese a estos ajustes, la oposición considera que la reforma no aborda el problema de fondo sobre la integración y la participación política de los residentes extranjeros.

Desde el PS, la consellera general Susanna Vela ha criticado que la reforma “no es una ley integradora” y ha defendido reducir hasta los diez años el plazo para acceder a la nacionalidad. “La nacionalidad es un derecho, no un privilegio”, ha afirmado.

Vela ha advertido de que existe “una parte de la población que piensa que no importa para nada” porque no puede participar plenamente en la vida política del país, y ha planteado el modelo de sociedad que quiere Andorra: “un modelo cohesionado o fragmentado entre quienes tienen derechos políticos y quienes no”.

La consellera socialdemócrata también ha recordado que los andorranos representan actualmente el 46% de la población, mientras que solo un 13% corresponde a ciudadanos nacionalizados.

En la misma línea, el conseller general de Concòrdia, Jordi Casadevall, ha asegurado que la reforma “endurece aspectos que no parecen adecuados” y que “se aleja del espíritu de integración de Andorra”.

El debate sobre la doble nacionalidad continúa así fuera de la reforma aprobada, aunque diversos sectores políticos y sociales llevan años reclamando una mayor flexibilización del modelo actual para facilitar la integración de los residentes de larga duración en el país.