Forbes publica que BPA fue utilizada como chivo expiatorio en operaciones políticas españolas
Els últims anys han revelat que darrere de l’operació hi podria haver una intenció política de l’Estat espanyol
La controversia alrededor de la Banca Privada de Andorra (BPA) continúa años después de su cierre, evidenciando tensiones entre Andorra, España y los organismos internacionales de supervisión financiera.
Según Forbes, el caso BPA, que culminó con la expropiación del banco y largas condenas para su dirección, se ha convertido en uno de los episodios más polémicos de la historia reciente de la banca andorrana.
El banco, con más de 10.000 millones de euros bajo gestión, fue declarado por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) de Estados Unidos como institución financiera de “preocupación primaria por blanqueo de capitales” en 2015.
Sin embargo, investigaciones previas entre 2007 y 2014 no encontraron evidencias de blanqueo en BPA, y el mismo FinCEN retiró posteriormente la alerta. La decisión de expropiar el banco, según Forbes, fue precipitada y provocó millones de euros en pérdidas para los accionistas y la eliminación de cientos de empleos.
En los últimos años, se ha revelado que detrás de la operación podría existir una intención política del Estado español. Testimonios e investigaciones periodísticas sugieren que el cierre de BPA estaba vinculado a la búsqueda de información sobre el líder independentista catalán Jordi Pujol, dentro de la denominada “Operación Cataluña”.
Otros bancos protegidos
Otros bancos andorranos, incluida Andbank, habrían sido protegidos por sus conexiones con la élite española y andorrana, incluyendo a la familia real.
Recientemente, la justicia andorrana ha impuesto condenas de siete años y multas millonarias a los directivos de BPA, pese a la falta de pruebas concluyentes de delitos de blanqueo de capitales y la ausencia de investigación en otras entidades bancarias.
Los accionistas defienden que BPA ha sido utilizada como chivo expiatorio para proteger intereses políticos y económicos más amplios.
El caso llega en un momento clave, ofreciendo a Andorra la oportunidad de restaurar su credibilidad financiera y judicial mediante posibles medidas de transparencia o leyes de indulto que permitan cerrar definitivamente el capítulo BPA, según los analistas.
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