Andorra aplaza la despenalización del aborto y admite que no prevé avances a corto plazo
El Papa León XIV al frente del Vaticano ha alterado el escenario de diálogo que mantenía el Ejecutivo andorrano
La despenalización del aborto en Andorra continuará, por el momento, sin cambios. El Gobierno ha reconocido durante el debate parlamentario de la reforma del Código Penal que las negociaciones para modificar la legislación atraviesan una nueva etapa de complejidad y que no espera avances significativos en el corto plazo.
El asunto volvió al pleno del Consell General a raíz de una enmienda presentada por el Partido Socialdemócrata (PS), que proponía incorporar la despenalización del aborto al texto legislativo.
La iniciativa fue rechazada, aunque sirvió para evidenciar las diferencias entre el Ejecutivo y la oposición sobre el ritmo de la reforma.
El cambio en el Vaticano ralentiza las negociaciones
El ministro de Relaciones Institucionales, Ladislau Baró, explicó que el reciente relevo al frente del Vaticano ha alterado el escenario de diálogo que mantenía el Ejecutivo.
Según indicó, este nuevo contexto obliga a replantear las conversaciones y dificulta alcanzar un acuerdo en los plazos que el Gobierno contemplaba hace unos meses.
Baró defendió que las negociaciones siguen abiertas, pero evitó fijar un calendario para una posible reforma. El ministro insistió en que el objetivo del Ejecutivo es encontrar una solución que permita avanzar en los derechos de las mujeres sin poner en riesgo el actual modelo institucional del país ni el equilibrio que sustenta el Coprincipado.
La oposición reclama una reforma más decidida
Desde el PS se criticó la falta de avances y se reclamó una mayor determinación para adaptar la legislación andorrana en materia de derechos sexuales y reproductivos. La formación considera que el Ejecutivo ha generado expectativas que, por el momento, no se han traducido en medidas concretas.
En la misma línea, Concòrdia lamentó que el proceso continúe bloqueado y pidió al Gobierno que impulse soluciones efectivas para responder a una reivindicación que lleva años presente en el debate político andorrano.
Por su parte, la mayoría parlamentaria reiteró que cualquier modificación legal deberá ser compatible con el marco constitucional y con la preservación del Coprincipado, una condición que sigue marcando la posición del Ejecutivo sobre una de las cuestiones más sensibles de la política andorrana.
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