Andorra aprueba el proyecto de ley que regulará la profesión de gestor administrativo
La ley también incorpora un régimen disciplinario específico que permitirá al futuro colegio actuar ante posibles infracciones
El Gobierno de Andorra ha aprobado el Proyecto de ley del ejercicio de la profesión de gestor administrativo y la creación del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Andorra (COGAA), una iniciativa que tiene como objetivo ordenar y regular una actividad ampliamente implantada en el país, pero hasta ahora sin un marco normativo específico.
La propuesta legislativa, impulsada a propuesta de la ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, Conxita Marsol, pretende dar respuesta a una realidad consolidada: se calcula que unos 800 comercios incluyen esta actividad, aunque en muchos casos no se ejerce de forma efectiva. La falta de regulación había generado inseguridad jurídica y dificultades para delimitar la actividad respecto a otras profesiones, así como para prevenir el intrusismo.
Un marco legal para garantizar calidad y seguridad jurídica
El texto legal define por primera vez el régimen jurídico propio de la profesión de gestor administrativo, con el objetivo de garantizar la calidad de los servicios y establecer estándares claros de acceso y ejercicio. En este sentido, esta figura se considera clave en el funcionamiento de la economía y en la relación entre la ciudadanía, las empresas y la administración pública, ya que interviene habitualmente en la tramitación y seguimiento de gestiones ante organismos públicos y otras entidades.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Andorra (COGAA) como corporación de derecho público.
Tal como avanzó La Veu Lliure, este organismo será el encargado de representar al colectivo profesional, velar por el cumplimiento de las normas deontológicas y ejercer la potestad disciplinaria.
Colegiación obligatoria y nuevas obligaciones profesionales
La futura ley establece también la colegiación obligatoria para poder ejercer la profesión, así como requisitos de acceso basados en una titulación superior específica y otros criterios de idoneidad profesional.
Además, regula de forma detallada los deberes de los profesionales, como la actuación con diligencia, la confidencialidad y el respeto estricto a la legalidad, así como el mantenimiento del secreto profesional, especialmente relevante por la sensibilidad de la información que gestionan.
El proyecto incorpora igualmente un régimen transitorio para facilitar la adaptación de los profesionales que ya ejercen la actividad, con plazos y mecanismos de integración progresiva en el nuevo sistema colegial.
En declaraciones recogidas por el Gobierno, Marsol ha destacado que la iniciativa “responde a una necesidad real del país” y supone “un paso adelante decisivo para aportar seguridad jurídica y profesionalizar el sector”. También ha subrayado que se trata de una actividad “esencial en la relación entre la administración y la sociedad”.
En definitiva, el Proyecto de ley configura un marco completo que define la profesión, regula su ejercicio, crea el colegio profesional y establece un sistema de responsabilidad que refuerza la calidad, la transparencia y la confianza en este ámbito.
