La inversión extranjera inmobiliaria deja 8,86 millones en las arcas públicas en solo tres meses

La recaudación del impuesto general indirecto (IGI) durante el cuarto trimestre de 2025 se situó en 54,28 millones de euros, según los últimos datos fiscales publicados por el Gobierno, confirmando el aumento de la actividad económica en el Principado durante los últimos meses del año.

En cuanto a las autoliquidaciones del impuesto, la base repercutida alcanzó los 2.597,36 millones de euros, lo que representa un incremento del 7,3% respecto al mismo periodo de 2024. 

Paralelamente, la cuota repercutida ascendió hasta los 103,86 millones de euros, un 7,7% más en términos interanuales.

También se registró un aumento de la base soportada, que llegó a 1.943,67 millones de euros, un 10,6% más, mientras que la cuota soportada se situó en 80,61 millones, con una variación positiva del 10,8% respecto al año anterior.

De forma paralela, el impuesto sobre la inversión extranjera inmobiliaria generó 8,86 millones de euros durante el mismo trimestre, consolidando el peso creciente del mercado inmobiliario internacional dentro de los ingresos tributarios del país.

Sobre las transmisiones patrimoniales (ITP)

Por otro lado, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) alcanzó los 6,51 millones de euros, un destacado 47,5% más que un año antes, mientras que la liquidación de plusvalías inmobiliarias se situó en 10,32 millones, con un ligero incremento del 1%.

En relación con el impuesto sobre la renta de no residentes fiscales (IRNR), la base de tributación creció hasta los 41,19 millones de euros, un 36,7% más, y la cuota de liquidación se situó en 2,41 millones de euros.

Los datos también reflejan una evolución positiva en otras figuras tributarias. En el ejercicio 2024, las declaraciones del IRPF aumentaron un 1,7%, mientras que las declaraciones del impuesto sobre sociedades crecieron un 2,2%, reflejando una progresiva ampliación de la base fiscal del país.

Este conjunto de indicadores confirma una tendencia de crecimiento sostenido de los ingresos tributarios y refuerza el papel de la fiscalidad indirecta como una de las principales fuentes de financiación pública en Andorra.