Silvestre Advocats denuncia graves disfunciones en un procedimiento de recusación
Silvestre Advocats anuncia que emprenderá actuaciones inmediatas para depurar responsabilidades
Silvestre Advocats ha hecho pública su posición respecto al procedimiento de recusación tramitado ante las jurisdicciones andorranas, a raíz de la información publicada recientemente por un mitjà del país.
El despacho denuncia disfunciones de especial gravedad, tanto por la falta de notificación formal a la firma como por el impacto institucional que, a su juicio, comporta el caso.
Silvestre representa a varios de sus integrantes en un procedimiento penal por presunto blanqueo de capitales que, según sostiene, se ha construido y sostenido en el tiempo dentro de un contexto institucional anómalo.
En el origen de esta situación sitúan a la entonces batlle instructora Canòlic Mingorance Cairat, actualmente jueza designada por Andorra en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Comunicat de premsa en relació a la noticia apareguda avui, 26 de gener de 2026 al Diari d'Andorrahttps://t.co/jeE3BxI0oP pic.twitter.com/5pQe1q44ww
— Silvestre Advocats (@Silvestre_Advs) January 26, 2026
Silvestre Advocats recuerda que el Col·legi d’Advocats d’Andorra acordó otorgar amparo a los letrados del despacho, un hecho que —según subrayan— evidencia la gravedad de la situación y el carácter extraordinario de las presiones y disfunciones denunciadas.
La recusación
La recusación se ha articulado sobre la tesis de una supuesta “amistad íntima” entre la magistrada Núria Garcia Val y un abogado externo al despacho, extremo que ha sido negado tanto por la propia magistrada como por el letrado mencionado.
Los hechos invocados por la Fiscalía se remontan a la etapa en la que la magistrada ejercía como fiscal adjunta, bajo la dependencia jerárquica del entonces fiscal general Alfons C. Alberca Sanvicens, actualmente magistrado del Tribunal de Corts y compañero de la magistrada recusada.
Tal y como consta en el procedimiento y como manifestó la propia magistrada, las decisiones internas sobre la atribución de causas se adoptaban dentro de un marco estrictamente jerárquico, bajo las órdenes del fiscal general.
El despacho discrepa frontalmente de que este funcionamiento interno, propio de una estructura jerarquizada y referido además a una etapa anterior en la que la magistrada no ejercía funciones jurisdiccionales, pueda constituir una base suficiente para alterar la composición de un órgano judicial predeterminado por la ley, y menos aún sin acreditación de la causa legal invocada.
Silvestre Advocats recuerda que la abstención y la recusación están reguladas por ley y exigen actuaciones formalizadas, motivadas y plenamente trazables.
En este caso, la Fiscalía ha fundamentado su relato en una supuesta práctica de abstención voluntaria de la magistrada cuando ejercía como fiscal.
Sin embargo, el despacho afirma haber constatado que no se ha aportado ninguna resolución, acta o documentación formal que acredite una abstención tramitada conforme a los mecanismos legales, extremo que ha sido negado por todas las partes implicadas.
Ante esta situación, Silvestre Advocats anuncia que emprenderá actuaciones inmediatas para depurar responsabilidades y garantizar el respeto a los principios de legalidad, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva.
