Los sindicatos critican al Gobierno por fomentar “trabajadores de primera y de segunda”

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha expresado su desacuerdo "absoluto y frontal" con "las políticas impulsadas por el Gobierno, especialmente con el anuncio de la descongelación de los alquileres a partir de enero de 2027, comenzando por los contratos más antiguos".

Según el sindicato, esta decisión consolida un modelo económico que “precariza el trabajo, empobrece a pensionistas, expulsa a profesionales cualificados y pone en riesgo la cohesión social y la identidad cultural del país”.

En un comunicado, la USdA advierte que "los salarios del sector privado no han absorbido el impacto de la inflación" y que esta medida agravará una crisis de vivienda que considera "estructural".

Desproporcionada relación entre el salario y el alquiler

La unión sindical también señala una "incoherencia flagrante" en la acción del Ejecutivo, al permitir incrementos acumulados de hasta el 25% en los precios de los alquileres mientras el salario mínimo se incrementa, como máximo, un 6%. Esta diferencia, según la USdA, provocará una "pérdida brutal del poder adquisitivo" de las familias y hará imposible mantener condiciones de vida dignas.

En relación con el mercado laboral, el sindicato afirma que el Gobierno "continúa blindando el sector público" mientras deja desprotegido al sector privado.

Según denuncia, muchos trabajadores del sector privado no perciben el IPC, asumen el coste real de la vida y, en algunos casos, no tienen derecho a voto, a pesar de sostener la economía del país. La USdA considera que esta situación genera "trabajadores de primera y de segunda" y debilita la cohesión social.

El comunicado alerta también de una fuga de profesionales cualificados y de pensionistas que, según el sindicato, abandonan el país porque no pueden asumir el coste de la vida y de la vivienda. 

Esta salida, añade, se estaría compensando con la sustitución por mano de obra más barata y precaria, lo que conllevaría una pérdida de calidad profesional, una degradación de los servicios y un desarraigo cultural y social.

Reclamaciones legislativas

En cuanto a los derechos sindicales, la USdA denuncia una doble vara de medir entre el sector público y el privado. Asegura que, mientras en el sector público "existen marcos legales y protecciones favorables", en el sector privado "la actividad sindical se desarrolla en un entorno hostil y con miedo a represalias".

Frente a este escenario, la Unió Sindical d’Andorra reclama, entre otras medidas, la revalorización salarial obligatoria según el IPC para todos los trabajadores, una protección real de los derechos sindicales en el sector privado, políticas de vivienda que eviten la expulsión de familias y trabajadores, y la revisión y suspensión de la descongelación de los alquileres hasta que existan garantías sociales reales.