Suiza empieza a sancionar el uso del burka mientras Andorra estudia una regulación sobre la identificación facial

Suiza ha comenzado a aplicar de forma efectiva la prohibición del burka y de otras prendas que cubren completamente el rostro en los espacios públicos. 

Uno de los primeros casos que ha trascendido es el de una mujer musulmana que fue sancionada con 100 francos suizos por incumplir la normativa. 

Tras recurrir la multa alegando "islamofobia", la sanción fue elevada hasta 1.000 francos suizos, tal y como prevé la legislación helvética cuando el infractor decide impugnar la penalización inicial.

Una mujer ve multiplicada por diez su multa tras recurrir la sanción

La prohibición fue aprobada tras el referéndum celebrado en 2021 y forma parte de una política que busca garantizar la identificación de las personas en los espacios públicos. Países como Francia, Bélgica, Austria y Dinamarca también cuentan con restricciones similares sobre el uso del velo integral.

Mientras tanto, el debate también ha llegado a Andorra. El grupo parlamentario Andorra Endavant ha registrado una proposición de ley sobre la identificación facial. 

Andorra Endavant impulsa una ley sobre identificación facial

Concretamente, una iniciativa que plantea regular aquellas situaciones en las que el rostro de una persona permanezca completamente cubierto, con el objetivo de facilitar su identificación cuando sea necesario.

Durante el Debate de Orientación Política, el jefe de Gobierno, Xavier Espot, reconoció que tampoco le gusta que se utilice el burka en Andorra, aunque dejó claro que cualquier medida deberá fundamentarse en criterios de seguridad e identificación, respetando al mismo tiempo el marco constitucional y los derechos fundamentales.

La iniciativa parlamentaria continúa su tramitación y reabre un debate que ya se ha producido en otros países europeos, donde las restricciones al uso del burka han generado posiciones enfrentadas entre quienes defienden la seguridad y la identificación en los espacios públicos y quienes consideran que estas medidas pueden afectar a la libertad religiosa.