La UDEF afirma que 300 millones de pesetas terminaron en una cuenta andorrana de Pujol Ferrusola
Se sostiene en la Audiencia Nacional que el dinero procedía de una comisión inmobiliaria
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha asegurado ante la Audiencia Nacional que una comisión de 300 millones de pesetas habría acabado en una cuenta andorrana de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán.
Según la declaración de un inspector durante el juicio contra varios miembros de la familia Pujol, el dinero procedería de una operación inmobiliaria realizada en 1990 y habría sido transferido mediante una sociedad instrumental en Panamá y movimientos bancarios a través de Suiza.
Esta hipótesis descartaría que el origen de los fondos fuera la conocida herencia familiar o “deixa” de Florenci Pujol, padre del expresidente de la Generalitat.
Investigación por blanqueo y fondos en el extranjero
Durante su intervención, el mando policial defendió las conclusiones de la investigación y señaló que los acusados habrían cometido diversas irregularidades relacionadas con comisiones de intermediación, inversiones sospechosas y fondos en paraísos fiscales.
La UDEF sostiene que existen indicios de presuntos delitos de blanqueo de capitales y posibles mecanismos de financiación irregular vinculados a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).
El inspector también reconoció ante el tribunal que mantiene cierta “animadversión” hacia la familia Pujol, después de haber sido denunciado por la incorporación a la causa de un dispositivo con información bancaria.
Una estructura familiar coordinada
Según el testimonio policial, Jordi Pujol Ferrusola y su exesposa Mercè Gironès habrían gestionado el patrimonio familiar, distribuyendo fondos entre distintos miembros del entorno familiar.
La investigación describe el funcionamiento del clan como una “estructura coordinada” que utilizaba cuentas de terceros y sociedades pantalla para mover el dinero.
Los investigadores estiman que al menos 29 millones de euros seguirían en el extranjero sin declarar, procedentes de negocios ficticios, inversiones no repatriadas y plusvalías no reconocidas.
Durante la declaración también se mencionaron presuntas comisiones canalizadas a través de sociedades como Imisa, Project Marketing o Active Translation, que según la investigación tendrían poca actividad real.
Estas estructuras, según la Policía, habrían servido para justificar ingresos derivados de intermediaciones y contratos sospechosos, además de diversas operaciones inmobiliarias y transferencias vinculadas a cuentas bancarias en Andorra.