Andorra moderniza la función pública con cuatro nuevos reglamentos tras la sentencia de la Batllia
Rossell destacó que estos cuatro reglamentos consolidan un marco normativo sólido y coherente
El Govern d’Andorra ha aprobado este miércoles cuatro reglamentos de gran relevancia dentro del despliegue del modelo de gestión de la función pública, en el marco de la modernización de la administración prevista por la Ley de Función Pública de 2019 y modificada en 2022, según ha explicado el ministro Marc Rossell.
Rossell ha aclarado que el reglamento de clasificación de puestos de trabajo no cuestiona los resultados ni la puntuación de las evaluaciones realizadas hasta ahora, sino que establece formalmente la metodología que ya se aplicó durante 2023.
“No se trata de modificar los resultados, sino de poner negro sobre blanco el procedimiento que la ley preveía que debía estar reglamentado”, subrayó, garantizando así transparencia y seguridad jurídica en el proceso.
El ministro también señaló que, como consecuencia de tres sentencias judiciales, será necesario repetir el procedimiento de evaluación una vez aprobado el reglamento, cumpliendo el mandato de los tribunales.
“La evaluación de los criterios de valoración de los puestos de trabajo permanece intacta; lo único que se repite es el procedimiento formal”, puntualizó.
De este modo, se asegura que toda evaluación pase por la Comisión Técnica de Organización y Gestión y que exista una resolución motivada por parte del ministerio competente en función pública, garantizando transparencia y seguridad jurídica para los afectados.
El modelo de gestión de la función pública se fundamenta en cuatro pilares: estructura organizativa, entorno y personas, crecimiento profesional y bolsa de interinos.
Rossell indicó que, aunque hoy se han aprobado cuatro reglamentos, el marco completo incluye 15 instrumentos normativos, algunos ya vigentes y otros en desarrollo, que se prevé entren en vigor durante 2026.
El objetivo de este marco normativo es consolidar un sistema de gestión de la función pública más claro, seguro y reconocido por los profesionales, con el fin de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.
Los cuatro reglamentos aprobados son:
Carrera profesional y evaluación del cumplimiento: moderniza y simplifica el proceso anterior, incorporando una plataforma digital obligatoria para gestionar la evaluación de manera ágil y transparente. El sistema pasa de un ciclo anual doble a uno único, y reduce las categorías de objetivos de cuatro a dos: colectivos e individuales, permitiendo un seguimiento más eficiente y evitando retrasos acumulados.
Comité Técnico de Organización y Gestión: se actualiza para garantizar que los representantes sindicales tengan voz y voto, adaptándose a la legislación vigente y mejorando la gobernanza interna en la administración.
Bolsas de interinos: regula el funcionamiento de las listas de sustitución del personal público, estableciendo procesos más claros y transparentes para la selección y contratación temporal dentro de la administración.
Clasificación de puestos de trabajo: define los criterios y factores de valoración para revisar y clasificar los puestos, cumpliendo con las sentencias recientes. Este reglamento formaliza la metodología para describir, revisar y asignar la clasificación de los puestos, reforzando la coherencia y la transparencia en la administración pública.
Rossell destacó que estos cuatro reglamentos consolidan un marco normativo sólido y coherente, que garantiza más seguridad y reconocimiento a los profesionales públicos y refuerza la calidad de los servicios que ofrece la administración a la ciudadanía.
En resumen, estos instrumentos permiten que la modernización de la función pública sea progresiva, digitalizada y alineada con las necesidades actuales del país, contribuyendo a una administración más eficiente, profesional y preparada para afrontar los retos del futuro.
