Andorra podría poner en riesgo el Acuerdo Aduanero si rechaza el acuerdo con la UE tras una aplicación provisional

El futuro del Acuerdo de Asociación entre Andorra y la Unión Europea vuelve a abrir un escenario de incertidumbre política y jurídica. 

Un año después de que el secretario de Estado para las Relaciones con la Unión Europea, Landry Riba, afirmara que «sin referéndum no habrá aplicación provisional», el Gobierno reconoce ahora que es muy probable que la consulta popular no se celebre durante la actual legislatura.

La misma posibilidad también ha sido planteada por el presidente del grupo parlamentario de Demòcrates per Andorra, Jordi Jordana, que ha apuntado que el referéndum podría quedar fuera del calendario de la legislatura. 

Mientras tanto, el Ejecutivo continúa trabajando, según ha explicado, en el desarrollo del reglamento necesario para avanzar en el proceso.

La situación es especialmente relevante porque durante este último año se ha producido un cambio fundamental respecto al escenario que existía cuando Riba realizó aquellas declaraciones. La naturaleza jurídica del Acuerdo de Asociación ya no es una cuestión pendiente: el acuerdo es oficialmente mixto.

La Veu Lliure ya avanzó esta condición el pasado 17 de abril, cuando informó de que el acuerdo debía ser considerado mixto. La cuestión, que durante meses permaneció bloqueada en el ámbito europeo, quedó finalmente resuelta después de que Bulgaria mantuviera bloqueado el proceso durante un periodo de tiempo. La confirmación oficial de esta naturaleza jurídica se produjo hace apenas unas semanas.

El acuerdo mixto obliga a completar la ratificación de los Estados miembros

El hecho de que el acuerdo sea mixto implica que, además de los trámites europeos y de la ratificación por parte de Andorra y San Marino, también deberá ser ratificado por los parlamentos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.

Este proceso puede alargar considerablemente la entrada en vigor definitiva del acuerdo y abre la puerta a un escenario en el que la aplicación provisional pueda adquirir una importancia determinante.

El artículo 112.2 del propio acuerdo contempla la posibilidad de que este se aplique provisionalmente antes de que se haya completado todo el proceso de ratificación. La aplicación provisional requeriría que se cumplieran las condiciones previstas en el texto y que las partes no comunicaran formalmente su oposición a esta vía.

Precisamente por este motivo, la posición mantenida por el Gobierno sobre el referéndum adquiere ahora una relevancia especial. 

Si la consulta no se celebra durante esta legislatura, pero el proceso europeo continúa avanzando y se plantea una aplicación provisional, Andorra podría encontrarse ante un escenario diferente del que el propio Ejecutivo describía hace un año.

La aplicación provisional podría producirse antes del referéndum

La posibilidad de que el acuerdo comience a aplicarse provisionalmente antes de la celebración del referéndum no está descartada. 

El hecho de que el texto sea mixto no impide necesariamente que pueda entrar en vigor de manera provisional mientras continúa el proceso de ratificación parlamentaria en los diferentes Estados miembros.

En este escenario, el Acuerdo de Asociación podría comenzar a desplegar sus efectos antes de que los ciudadanos andorranos hubieran votado definitivamente sobre su ratificación.

La cuestión adquiere una especial trascendencia porque el Acuerdo de Asociación está vinculado al marco de relaciones comerciales entre Andorra y la Unión Europea y, por tanto, al futuro del Acuerdo Aduanero.

El riesgo de perder el Acuerdo Aduanero si Andorra da marcha atrás

El principal riesgo de este escenario es que Andorra pueda iniciar la aplicación provisional del acuerdo y, posteriormente, rechazarlo políticamente o impedir su ratificación definitiva.

La propia estructura jurídica del proceso plantea dudas sobre las consecuencias de una eventual retirada una vez el acuerdo ya se encontrara provisionalmente en vigor. La posibilidad de que Andorra se beneficie de los efectos del nuevo marco de relaciones con la Unión Europea y posteriormente decida no ratificarlo podría tener consecuencias sobre los acuerdos actualmente vigentes.

Entre estos acuerdos se encuentra el Acuerdo Aduanero, que constituye uno de los pilares de las relaciones económicas entre Andorra y la Unión Europea.

En caso de que Andorra rechazara finalmente el Acuerdo de Asociación después de que este hubiera comenzado a aplicarse provisionalmente, el Principado podría perder los beneficios derivados del nuevo marco y poner en riesgo la continuidad del Acuerdo Aduanero.

Este es precisamente uno de los elementos que convierte la aplicación provisional en una cuestión especialmente delicada. Una vez iniciado el proceso, la posibilidad de que Andorra simplemente dé marcha atrás sin consecuencias jurídicas y comerciales no estaría garantizada.

Un escenario que el Gobierno no contemplaba hace un año

La situación actual contrasta con las declaraciones realizadas por Landry Riba el año pasado. En aquel momento, el secretario de Estado defendía que no habría aplicación provisional sin un referéndum en Andorra.

Sin embargo, un año después, el referéndum no se ha celebrado, no existe ninguna fecha fijada para la consulta y el propio Gobierno considera probable que no pueda tener lugar durante esta legislatura.

Al mismo tiempo, el acuerdo ya ha sido reconocido oficialmente como mixto y el proceso europeo continúa avanzando. La cuestión que durante meses bloqueó la tramitación —la naturaleza jurídica del texto— ya está resuelta.

El resultado es un escenario en el que Andorra podría tener que afrontar una decisión especialmente compleja: esperar a completar el proceso de ratificación y celebrar el referéndum antes de cualquier aplicación del acuerdo o aceptar una eventual aplicación provisional mientras la consulta popular continúa pendiente.

La primera opción retrasaría la entrada en vigor del acuerdo. La segunda podría permitir que el texto comenzara a aplicarse antes de que los ciudadanos andorranos se pronunciaran definitivamente, pero también plantearía el riesgo de que un eventual rechazo posterior tuviera consecuencias sobre el marco de relaciones comerciales con la Unión Europea y, especialmente, sobre el Acuerdo Aduanero.

Por ahora, el Gobierno mantiene que continúa trabajando en el desarrollo del reglamento y en los siguientes pasos del proceso. Sin embargo, un año después de que se afirmara que «sin referéndum no habrá aplicación provisional», la ausencia de una fecha para la consulta y la posibilidad de que esta no se celebre durante la legislatura vuelven a situar la aplicación provisional del Acuerdo en el centro del debate.