Andorra regula la incitación al odio como delito con penas de hasta tres años de prisión

La ministra de Justicia e Interior, Ester Molné, ha anunciado que el nuevo Código Penal incorpora de forma explícita la incitación al odio y a la hostilidad como un delito de discriminación, castigado con penas que pueden ir desde tres meses hasta tres años de prisión. La reforma pone el foco, especialmente, en el entorno digital, donde este tipo de conductas han proliferado en los últimos años.

Refuerzo legal frente al odio en internet

Según ha explicado la ministra, el objetivo principal de la reforma es reforzar la protección de los colectivos vulnerables frente a mensajes que promuevan la violencia, la discriminación o el rechazo social. 

En este sentido, cualquier contenido difundido a través de redes sociales como Facebook o Instagram, así como en páginas web o foros digitales, podrá ser perseguido penalmente si incita al odio.

Molné ha subrayado que “todo aquello que fomente la hostilidad o la violencia contra personas o colectivos será considerado delito”, destacando que la legislación se adapta así a la realidad digital actual.

Respuesta a demandas sociales

La iniciativa responde a una reivindicación histórica de entidades como Diversand y de diversos colectivos feministas, que han denunciado en repetidas ocasiones el aumento de ataques y discursos de odio en internet, muchas veces amparados en el anonimato.

“Es una medida necesaria para evitar que el odio se difunda impunemente a través de las tecnologías”, ha afirmado la ministra, quien ha defendido que la reforma supone un avance significativo en la defensa de los derechos fundamentales.

Agravantes y nuevas figuras delictivas

Las nuevas medidas en el Código Penal también contempla agravantes específicas cuando los delitos se cometan utilizando tecnologías de la información y la comunicación (TIC), lo que implicará la aplicación de penas en su mitad superior.

Además, se introduce la penalización de la conspiración y la provocación, es decir, aquellos casos en los que varias personas se coordinan o incitan a terceros a cometer actos de odio o discriminación. 

“Cuando hay un acuerdo o una promoción activa de este tipo de conductas, también estamos ante un delito”, ha señalado Molné.

Protección de los colectivos más vulnerables

Con esta reforma, el Govern pretende garantizar un entorno digital más seguro y reforzar la protección de colectivos especialmente expuestos, como el colectivo LGTBQ+, las mujeres y otros grupos que han sido objeto de discursos discriminatorios.

La ministra ha concluido que esta modificación legal busca no solo sancionar, sino también prevenir la expansión de la intolerancia, adaptando el marco jurídico a los nuevos desafíos que plantea la comunicación digital.