Inversión extranjera e inmigración: cuando la burocracia castiga quienes queremos que vengan

Recientemente, el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, concedió una entrevista a RTVA, en la que surgió la controversia sobre la inversión extranjera y su conveniencia. En un discurso, a mi parecer muy bien planteado, el jefe de Gobierno puso sobre la mesa que no se puede tener todo. 

Si queremos tener pensiones a largo plazo, infraestructuras a medio plazo y un presupuesto público para poder desarrollar políticas públicas a corto plazo, es necesario que haya actividad económica, y la inversión extranjera aporta, sin duda, un gran volumen de actividad económica. 

Esto es así para todo aquel que lo quiera entender. Evidentemente, si eres de los que creen que el dinero crece en los árboles, o que hay una impresora mágica que imprime dinero y lo crea por arte de magia, o directamente no piensas en ello, no entenderás este artículo. Por el contrario, si sabes algo de economía —o al menos te interesa— y aplicas el sentido común, lo entenderás. Los recursos son limitados. ¿Limitados a qué? Limitados a la riqueza del país. ¿Y qué genera riqueza? La generan los negocios en funcionamiento. Los negocios son los empresarios y los trabajadores: la máquina que hace que el país produzca bienes y servicios y que genera rendimientos que después se pueden redistribuir. Es lo que nos garantiza un futuro como economía y como país.

En este sentido, últimamente se han endurecido las políticas migratorias del país. ¿Por qué? Porque, pese a aportar actividad económica, el encarecimiento de los pisos por la llegada de nuevos residentes generaba una tensión a corto plazo que, en un momento concreto, pesó más que pensar en el largo plazo. 

Lo que busca Andorra son residentes que aporten valor y estabilidad, que no perjudiquen la reputación del país, que paguen impuestos y cotizaciones, de modo que tengamos infraestructuras, más recursos públicos y las pensiones garantizadas para todos los andorranos.

Pues bien, una vez endurecida esta ley —a mi juicio, de una manera abrupta y excesivamente precipitada, pero con una buena finalidad, que es la de regular la entrada masiva de residentes—, ahora nos encontramos con que estos nuevos residentes, en ocasiones, son maltratados. ¿Estamos a favor de que haya un mejor perfil de residente? Claro que sí. Pero el servicio que ofrece el país debe ser suficientemente bueno y estar a la altura de estos nuevos residentes que hemos escogido, que queremos que vengan.

Y hablo concretamente de la noticia que publicaba también La Veu Lliure sobre la anulación del permiso de residencia de muchos de los nuevos residentes. 

La normativa de inmigración es francamente complicada y, a mi parecer, defectuosa. Cuando una persona traslada su residencia al Principado, no lo hace solo esa persona: lo hace toda la unidad familiar. ¿Qué sentido tiene que no se tramite de manera unitaria, conjunta, la residencia de toda la unidad familiar? ¿No sería más lógico que se presentara la documentación acreditativa de la capacidad económica de toda la familia de una sola vez?

Actualmente, primero debe llegar el cabeza de familia y cotizar tres meses completos a la CASS, lo que puede suponer hasta cuatro meses en esta situación antes de reagrupar a la familia. Y, claro, las familias no se rompen. Un padre o una madre de familia no puede abandonar a sus hijos y a su pareja en otro país y venir solo de expedición. Las familias se desplazan de manera conjunta. Este desplazamiento conjunto hace que, durante los meses que duran los trámites, toda la familia permanezca en el país.

Pero ¿qué ocurre cuando los trámites y las diversas gestiones burocráticas de inversión extranjera, notarías, registros o autorización de comercio se alargan? Pues que en algunas ocasiones puede darse la situación de que una unidad familiar no pueda reagruparse dentro de ese plazo de noventa días de estancia como turistas, lo que convierte la situación en irregular. ¿Irregular porque la persona esté incumpliendo la ley? 

No: irregular porque la articulación de la norma, junto con la realidad fáctica de las demoras inaceptables de los trámites en Andorra, crea una situación sobrevenida. Esta situación sobrevenida, evidentemente, la resuelve el propio administrado presentando la solicitud de reagrupación. Pero, a veces, lo hace unas semanas o unos meses después de la fecha límite de los noventa días.

Pues bien, Inmigración ha considerado que esta presentación tardía de forma absolutamente voluntaria y de buena fe —provocada en todos los casos por demoras de la propia Administración— es motivo de anulación del permiso de residencia. Porque, claro, durante unos meses, los menores estuvieron en situación irregular, escolarizados. Creo que esto es un sinsentido, una aplicación absolutamente desproporcionada de la norma, y su objetivo no era en ningún caso este, sino que ningún menor esté desprotegido ni haya situaciones irregulares en las que los administrados oculten a los menores.

En este caso no estamos ante una situación irregular: estamos ante una situación derivada de las demoras de la Administración, que los propios padres están intentando resolver presentando el expediente de reagrupación. Por lo tanto, no se puede apreciar ni mala fe ni ningún tipo de perjuicio para la Administración.

La lógica pide a gritos que se corrija la disfunción, declarando la nulidad de las anulaciones de los permisos en los casos en los que los administrados han actuado voluntariamente y de buena fe, así como que se plantee una modificación legislativa que tenga en cuenta los plazos de los trámites del resto de las administraciones o, al menos, que se mantenga la normativa actual, pero se interprete de una manera justa y coherente, entendiendo que una familia que permanece en el Principado y está realizando diversos trámites no puede estar, en ningún caso, en situación irregular.