Andorra apuesta por un sistema público de capitalización para reformar las pensiones

La comisión encargada de la reforma del sistema de pensiones en Andorra estudia incorporar un modelo de capitalización de gestión pública como complemento al actual sistema de reparto. 

Así lo explicó este martes el consejero general demócrata Jordi Jordana durante el Debate de Orientación Política, donde avanzó las principales líneas de trabajo para garantizar la sostenibilidad de las jubilaciones.

Según Jordana, la comisión ya dispone de una "prepropuesta" que contempla medidas como el aumento de las cotizaciones a la rama de jubilación, el establecimiento de límites a las cotizaciones, el retraso progresivo de la edad de jubilación, el incremento del factor de conversión del punto de jubilación y la convivencia entre el sistema actual de reparto y un nuevo modelo de capitalización.

El consejero quiso dejar claro que la reforma no contempla la implantación de planes privados de pensiones. En su lugar, la propuesta pasa por crear un fondo de capitalización gestionado por el sector público, administrado por la misma entidad que actualmente gestiona el sistema de reparto.

"No nos planteamos planes privados de cotización. Lo que nos planteamos es un plan de capitalización gestionado por el sector público", afirmó Jordana.

Una reforma aún abierta y con importantes desafíos

Pese a los avances, Jordana reconoció que los trabajos todavía no están cerrados. Los estudios realizados hasta ahora han puesto de manifiesto dudas sobre el impacto que podría tener la convivencia de ambos modelos, ya que una parte de las cotizaciones dejaría de alimentar el sistema de reparto, lo que podría incrementar la deuda derivada de los derechos de jubilación ya adquiridos.

La comisión también analiza cuál sería el importe de las futuras pensiones con el nuevo sistema, especialmente para los trabajadores más jóvenes que se incorporen al mercado laboral, así como la forma de articular una transición progresiva que permita la coexistencia de ambos modelos sin perjudicar ni a los pensionistas actuales ni a los cotizantes.

Jordana admitió que la reforma "no avanza al ritmo que nos gustaría", una percepción que, según indicó, comparten también varios agentes sociales. 

No obstante, rechazó que el retraso se deba a una falta de voluntad política y aseguró que la complejidad técnica de la reforma obliga a estudiar con detalle las consecuencias de cada medida antes de presentar una propuesta definitiva.

Vivienda y modelo económico protagonizan el debate

Más allá de las pensiones, el Debate de Orientación Política también sirvió para confrontar las diferentes propuestas de los grupos parlamentarios sobre el futuro del país.

Desde Ciutadans Compromesos, Carles Naudi defendió un modelo de crecimiento basado en actividades de alto valor añadido, la digitalización y la inteligencia artificial, manteniendo una fiscalidad competitiva y apostando por "crecer mejor y no más".

Por su parte, la consejera del Partido Socialdemócrata (PS), Susanna Vela, cuestionó los quince años de gobiernos demócratas y situó la crisis de la vivienda como el principal reto de Andorra, reclamando una nueva ley de urbanismo y un modelo económico más equilibrado.

El presidente del grupo parlamentario de Concòrdia, Cerni Escalé, insistió en la necesidad de cambiar el modelo económico y territorial, y acusó al Ejecutivo de destinar recursos públicos a paliar los efectos de la crisis de la vivienda, "un problema que ellos mismos han generado".

Finalmente, Carine Montaner, de Andorra Endavant, criticó la gestión del Gobierno y advirtió sobre la pérdida de poder adquisitivo, las dificultades de acceso a la vivienda y la necesidad de preservar la competitividad del país mediante una fiscalidad atractiva y una política migratoria más selectiva.