El acuerdo entre Andorra y la UE sigue bloqueado tras un nuevo desacuerdo en el Coreper provocado por Bulgaria

El acuerdo de asociación entre Andorra y la Unión Europea continúa sin avances tras una nueva reunión fallida del Coreper, que ha terminado sin el consenso necesario entre los 27 Estados miembros. Este bloqueo mantiene paralizado un expediente considerado estratégico para el encaje europeo de los microestados.

El principal punto de fricción sigue siendo la reserva de Bulgaria, una cuestión técnica pero determinante que condiciona el avance institucional del acuerdo.

Las diferencias sobre cómo debe articularse legalmente el documento impiden dar el siguiente paso en el procedimiento, que requiere unanimidad entre los Estados miembros.

Complicaciones en la UE

Fuentes diplomáticas apuntan que la reunión estuvo marcada por posiciones aún alejadas entre varios países, que mantienen reservas sobre el alcance legal del acuerdo y sus implicaciones institucionales. 

Las discrepancias han vuelto a impedir cualquier avance concreto, dejando el proceso en punto muerto una vez más.

A pesar del bloqueo, la presidencia chipriota del Consejo de la UE ha reiterado su voluntad de mantener el acuerdo como una de sus prioridades políticas. 

En este sentido, ha propuesto seguir trabajando sobre el texto en las próximas semanas con el objetivo de encontrar una fórmula de consenso que permita reactivar el calendario previsto. 

No obstante, el margen temporal es limitado, ya que su mandato finaliza el 30 de junio, lo que añade presión a las negociaciones.

Según las mismas fuentes, la presidencia habría trasladado la cuestión a la Comisión Europea incluso sin contar todavía con el visto bueno definitivo de la EFTA. 

Este movimiento refleja la voluntad de acelerar el proceso, pero también evidencia la falta de acuerdo político entre las partes implicadas.

El papel del Coreper resulta clave en este contexto, ya que actúa como uno de los últimos filtros técnicos y diplomáticos antes de que el texto pueda ser sometido a votación en el Parlamento Europeo. 

El hecho de que el bloqueo persista en el Coreper en esta fase subraya la complejidad del acuerdo y las dificultades para lograr una posición común.

Por ahora, no existe una fecha concreta para una nueva reunión decisiva. No obstante, desde la presidencia chipriota se confía en poder reactivar las conversaciones en los próximos ciclos de trabajo.  Además de evitar que el expediente quede estancado indefinidamente en un momento considerado clave para las relaciones entre la UE y los microestados europeos. 

El Gobierno sanmarinense ha desmentido en La Veu Lliure de forma tajante la existencia de una supuesta negociación de 60 millones de euros para desbloquear el acuerdo con la UE.

El caso de San Marino añade tensión diplomática

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Luca Beccari, calificó de “absolutamente falsa” la información que apuntaba a un acuerdo económico relacionado con el llamado “caso búlgaro” y el litigio con la empresa Starcom Holding y el empresario Assen Christov. Este conflicto ha escalado hasta el ámbito internacional, con una demanda presentada ante el CIADI, organismo dependiente del Banco Mundial. 

El grupo inversor reclama una indemnización mínima de 150 millones de euros por daños y perjuicios derivados del bloqueo de la compra de la Banca di San Marino y la congelación de fondos.

El caso se encuentra todavía en una fase preliminar, pendiente de la constitución del tribunal arbitral, y presenta múltiples incógnitas: desde la definición de responsabilidades institucionales hasta el posible impacto económico de una eventual condena sobre un país de apenas 34.000 habitantes.

Por ello, el Ejecutivo de San Marino ha emitido además un comunicado oficial en el que niega “categóricamente” cualquier compromiso financiero en los términos publicados y denuncia un uso “distorsionado” de informaciones vinculadas a procesos institucionales. 

Asimismo, ha advertido del posible daño reputacional y no descarta acciones legales ante lo que considera una interpretación irresponsable con fines políticos.

Propuestas de bloqueo y debate sobre el uso del veto

La polémica ha escalado aún más tras la intervención del exministro de Asuntos Exteriores búlgaro Solomon Passy, quien ha planteado separar el proceso de integración de San Marino del de Andorra.

Según su propuesta, no debería formalizarse ningún acuerdo con la UE mientras no se resuelva el conflicto con el inversor búlgaro. Incluso sugiere la posibilidad de una compensación económica para desbloquear la situación, lo que ha intensificado el debate sobre el uso del veto en la política europea.

Este caso ha generado preocupación entre analistas, ya que podría sentar un precedente. Aunque el uso del veto no es nuevo en la UE —como ocurrió con Grecia y Macedonia del Norte o con Chipre y Turquía—, en este caso se trata de un conflicto de carácter económico privado, no territorial ni político, lo que abre un nuevo escenario dentro de la diplomacia europea.

Optimismo internacional frente al bloqueo real

Mientras tanto, algunos líderes europeos mantienen un discurso optimista. El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, aseguró recientemente en Andorra que el acuerdo podría haberse cerrarse en cuestión de días, calificando este momento como “clave” para el futuro del país dentro del proyecto europeo. Por cierto, augurio que finalmente no se ha llegado a cumplir. 

Sin embargo, este optimismo contrasta con la realidad institucional en Bruselas, donde el proceso sigue bloqueado sin avances concretos. También llama la atención la diferencia entre el discurso político y la situación real. 

Especialmente tras advertencias como la del copríncipe francés, Emmanuel Macron, quien llegó a señalar que si Andorra rechazaba el acuerdo “la puerta no se volvería a abrir”, mientras que en la práctica el proceso ya se encuentra frenado sin una negativa formal. En este contexto, el acuerdo de asociación sigue atrapado entre complejidades jurídicas, tensiones diplomáticas y presiones políticas, en un momento decisivo para definir el futuro de las relaciones entre la Unión Europea y los pequeños estados del continente.

La UE declara el acuerdo como “mixto”

La Unión Europea ya ha decidido de forma unánime que el acuerdo de asociación con Andorra y San Marino tuviera naturaleza de acuerdo mixto, una decisión clave que implica que su ratificación deberá pasar no solo por las instituciones comunitarias, sino también por los parlamentos de todos los Estados miembros. 

Crece el rechazo y la presión por un referéndum en Andorra

En paralelo al avance institucional del acuerdo de asociación con la Unión Europea, en Andorra se ha ido consolidando un clima político cada vez más crítico, marcado por el descontento ciudadano y por la percepción de que el proceso ha avanzado durante años con escasa concreción.

Una de las principales fuentes de malestar es que el Gobierno andorrano ha mantenido durante tiempo la promesa de un referéndum, mientras el expediente europeo ha avanzado lentamente y sin resultados visibles para buena parte de la población. 

Además, el hecho de que finalmente se contemple como un acuerdo mixto, algo que no se había comunicado claramente desde el inicio, ha alimentado la sensación de falta de transparencia en el proceso.

En este contexto, distintos expertos y analistas han ocupado un papel central en el debate público, especialmente en ámbitos como la inmigración, defendiendo que el acuerdo respetaría las especificidades del sistema andorrano y que no supondría una ruptura con su modelo actual. Sin embargo, también han surgido dudas sobre el impacto real de la adaptación normativa.

Entre los puntos más sensibles destaca la obligación de Andorra de incorporar gran parte del acervo comunitario europeo, así como la aceptación de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea actúe como última instancia en caso de conflicto, algo que convierte este acuerdo en un caso singular. 

A ello se suma la preocupación por la capacidad administrativa del país para asumir la carga regulatoria derivada de la integración normativa europea.

Este contexto ha impulsado diversas iniciativas ciudadanas contrarias al acuerdo, como campañas en redes, podcasts, recogidas de firmas y artículos de opinión. 

Este movimiento ha encontrado eco en formaciones políticas críticas como Concòrdia y Andorra Endavant, que junto a la Unió Sindical de Andorra y otros actores sociales han reclamado que el referéndum se celebre antes de la firma del acuerdo.

Los críticos advierten de que celebrar una consulta después de la firma podría generar una situación política delicada si el resultado fuera negativo, lo que, según argumentan, dejaría al país en una posición comprometida dentro del proceso ya iniciado con la Unión Europea.