Andorra impulsa una nueva Ley de Archivo y Patrimonio Documental

El Gobierno de Andorra ha presentado el nuevo proyecto de ley de archivo y patrimonio documental con el objetivo de actualizar y modernizar la gestión de los archivos del país, adaptándola al actual contexto tecnológico.

La ministra de Cultura, Juventud y Deportes, Mònica Bonell, ha dado a conocer los detalles acompañada por la directora del departamento de Patrimonio Cultural, Isabel de la Parte, y la jefa del área de Archivo y Gestión Documental, Lídia Arbués, quienes han subrayado la necesidad de garantizar la conservación, accesibilidad y seguridad de los documentos en un entorno plenamente digitalizado.

Un nuevo marco para proteger el patrimonio documental

El texto establece que el sistema de archivos deberá regirse por una metodología archivística profesional, contar con personal técnico cualificado y disponer de instalaciones adecuadas para asegurar una correcta conservación y gestión documental.

La norma define qué documentación forma parte del patrimonio documental. Se consideran documentos públicos aquellos producidos por los poderes públicos con más de treinta años de antigüedad o con valor permanente. 

En el ámbito privado, se incluyen los documentos con más de cien años, los declarados bienes de interés cultural, los inventariados o los pertenecientes a entidades relevantes para el país con más de treinta años de trayectoria.

El proyecto contempla que el Ejecutivo tenga derecho preferente en la adquisición de fondos privados y que ofrezca apoyo para su mantenimiento, prohibiendo expresamente el desmembramiento de estos fondos para preservar su integridad histórica.

Sistema unificado y garantías en la gestión pública

En cuanto a la documentación pública, la ley obligará a los titulares a disponer de un sistema de gestión documental adecuado que garantice la autenticidad, integridad y fiabilidad de los documentos, así como la interoperabilidad entre administraciones y la correcta transmisión de la documentación cuando cesen en sus funciones.

En la Administración General se fija la obligación de implantar un sistema unificado de gestión documental. Además, se establece que cualquier contratación externa de servicios de archivo deberá contar con un informe previo que asegure que los documentos producidos en el ejercicio de funciones públicas continúan siendo de titularidad pública, incluso cuando sean gestionados por entidades externas.

Desde Patrimonio Cultural también se ha puesto el acento en la importancia de fomentar la gestión privada de los archivos y de sensibilizar a la ciudadanía sobre el valor de los fondos familiares y patrimoniales.

Conversaciones con el Bisbat d’Urgell

Uno de los aspectos destacados es la situación de los archivos relacionados con Andorra que se conservan fuera del país, especialmente los que se encuentran bajo custodia del Bisbat d'Urgell.

La ministra ha explicado que desde el inicio de la legislatura se ha trabajado para digitalizar o conservar copias de los documentos con más de cien años de antigüedad y ha señalado que estos serán consultables, mientras continúan las conversaciones con el obispado para avanzar en un marco de colaboración que garantice su acceso desde territorio andorrano.

Bonell ha reconocido que el reciente cambio de copríncipe episcopal ha supuesto reiniciar parte del proceso y que será necesario tiempo para completar las consultas técnicas pertinentes, aunque ha insistido en que el objetivo es asegurar la conservación y accesibilidad de los documentos vinculados a la historia del país.

Un cambio de paradigma en la archivística

Con esta iniciativa, el Gobierno pretende adaptarse al nuevo paradigma archivístico, impulsar herramientas que permitan una consulta más organizada y accesible y reforzar la preservación de la memoria histórica de Andorra en plena transformación digital, consolidando un modelo que proteja el patrimonio documental y lo ponga al servicio de la ciudadanía.