"Denegar autorizaciones de inversión extranjera sin un criterio claro pone en riesgo la economía de Andorra"
Escalé afirma que hace años que los negocios locales son sustituidos por modelos que no generan valor añadido
El líder de la oposición y presidente de Concòrdia, Cerni Escalé, ha advertido del riesgo que supone para la economía andorrana la denegación de autorizaciones de inversión extranjera sin criterios claros y estables.
En declaraciones a La Veu Lliure, Escalé ha defendido que solo se debe rechazar aquella inversión que no aporte valor real al país, pero ha insistido en la necesidad de un marco legal garantista y previsible.
Según Escalé, Andorra lleva años viviendo procesos en los que negocios locales son sustituidos por modelos empresariales que no generan valor añadido, lo que, lejos de reforzar la economía, contribuye a la “desandorranización del producto”.
“¿Nos interesa hacer esta distinción que hace el Gobierno? Sí. Pero nos interesa hacerlo desde un marco legal garantista que ofrezca seguridad a los inversores extranjeros, para que llegue la inversión que realmente nos interesa”, afirma Cerni Escalé.
En este sentido, ha subrayado que no se puede considerar positiva una inversión extranjera que no aporte actividad nueva y que traslade los beneficios fuera del país.
“Lo que siempre hemos defendido desde Concòrdia es que la inversión extranjera que aporta valor es positiva para la economía andorrana. Pero es necesario conocer muy bien cuáles son los criterios y evitar decisiones arbitrarias”, ha sentenciado.
Denegaciones basadas en el impacto en la economía real
Las declaraciones de Escalé se producen después de que el Gobierno de Andorra haya empezado a denegar autorizaciones de inversión extranjera al considerar que algunos proyectos tienen un escaso impacto en la economía real del Principado. Según expertos consultados, esta práctica ha incrementado la percepción de inseguridad jurídica entre el sector empresarial.
La Veu Lliure ha tenido acceso a un documento oficial que acredita una de estas resoluciones. El Decreto 137/2025 detalla que, en aplicación de la Ley de Crecimiento Sostenible y Derecho a la Vivienda (ley ómnibus), la Ley del Impuesto a la Inversión Extranjera Inmobiliaria y el Reglamento de Inversión Extranjera, el Gobierno desestima una autorización de inversión por falta de participación activa en la economía real.
El documento, firmado por la ministra de Trabajo, Vivienda, Economía y Vicepresidencia, Conxita Marsol, recuerda que los interesados pueden presentar recurso en el plazo de un mes.
Dudas sobre el criterio aplicado
El Gobierno argumenta que una inversión sin actividad económica directa puede afectar el interés general, la soberanía, el orden público y económico del país.
No obstante, el criterio genera controversia, ya que incluso proyectos con impacto fiscal positivo y cotizaciones a la CASS pueden ser rechazados si no cumplen este requisito.
Para Escalé, este enfoque puede resultar contraproducente: “Sin estabilidad legal, ni las empresas ya establecidas ni las que quieren venir invertirán en el país”.
El dirigente de Concòrdia considera necesario definir con precisión qué actividades pueden recibir inversión extranjera y evitar decisiones discrecionales.
Los expertos coinciden en que, pese a la intención de proteger el tejido económico andorrano, la actual interpretación del marco legal puede dificultar la planificación empresarial y reducir el atractivo de Andorra para la inversión de calidad.
