"Se ha descontrolado la inmigración en Andorra y no solo de Sudamérica"

La asociación de Peruanos en Andorra ha alzado la voz contra lo que considera una doble falta de respuesta institucional: por un lado, la inacción del cónsul honorario del Perú en el Principado; por otro, la exclusión sistemática del colectivo de los espacios de decisión en materia migratoria por parte del Govern andorrano.

Las entidades representantes de la comunidad peruana denuncian que, aunque son directamente afectadas por las políticas de inmigración, no han sido consultadas ni implicadas en iniciativas clave, como el proyecto de contratación en origen, impulsado por el Govern para regular la llegada de trabajadores extranjeros.

Exclusión del proyecto de contratación en origen

Según el colectivo, su ausencia en los preparativos y diseño del programa de contratación en origen no es casual, sino que responde al posicionamiento crítico que han mantenido públicamente sobre la gestión migratoria del ejecutivo.

“Es una pena que el Govern no nos tenga en cuenta, una pena… esperamos que no sea porque tenemos una opinión crítica al respecto”, afirmó Lorenzo Castillo, presidente de la Asociación Peruanos en Andorra, en declaraciones a RTVA.

Castillo considera que esta exclusión demuestra la falta de voluntad de diálogo con las entidades que trabajan directamente con la realidad migratoria del país.

Una política migratoria sin planificación

Castillo denuncia una gestión desordenada y reactiva del flujo migratorio, marcada por la llegada masiva de personas de diversas procedencias sin planificación clara ni estrategia a medio y largo plazo.

“Hay una falta de planificación en Inmigración, se ha descontrolado. Ha llegado mucha gente de diferentes comunidades al país, no solo latinoamericanos, también asiáticos y europeos”, explicó.

Según el presidente de la asociación, esta situación genera tensiones sociales, dificultades de integración y mayor presión sobre servicios básicos, especialmente vivienda y empleo.

El tejido asociativo alerta que ignorar a las entidades comunitarias implica perder conocimiento directo del territorio y de las necesidades reales de los migrantes, lo que se traduce en políticas poco eficientes.

Retornos de familias y falta de documentación

Por otra parte, la Asociación Argentinos en Andorra ha reclamado al Govern mayor claridad y eficiencia en los procedimientos de reagrupación familiar, tras registrar desde octubre el retorno de 16 familias que no cumplieron los requisitos establecidos.

El colectivo señala que estas devoluciones se producen por falta de información sobre los trámites y ausencia de documentos esenciales, como las cartas de invitación necesarias para formalizar la reagrupación.

“Si son invitados a un hogar, necesitan obligatoriamente una carta de invitación, que actualmente no se está entregando. Hemos trasladado esta preocupación al Govern y confiamos que se resolverá con el tiempo, ya que existen acuerdos bilaterales que garantizan este derecho”, señaló Marcelo Ponce, presidente de la asociación.

Ponce añade que la falta de concreción normativa permite ajustar los permisos según intereses puntuales, convirtiendo el proceso en un instrumento de control más que en una garantía para los inmigrantes.

Además, la asociación informa que varios colectivos nacionales en Andorra participarán en un estudio dentro de un foro juvenil, destinado a analizar los retos que enfrentan las personas que deben dejar su país de origen para trabajar y vivir lejos de su familia. El estudio busca aportar datos y recomendaciones para mejorar la gestión migratoria y proteger los derechos de los reagrupados.

El impacto del sistema Entry/Exit sobre la comunidad peruana

Otro de los puntos que preocupa especialmente al colectivo peruano es la aplicación del sistema Entry/Exit, que ha tenido un impacto directo y inmediato sobre muchos ciudadanos peruanos residentes en el Principado.

Según Castillo, este mecanismo ha forzado a numerosas personas a retornar al Perú sin alternativas ni períodos de transición adecuados, evidenciando la necesidad de un diálogo fluido, constante y estructurado entre la administración y las asociaciones que trabajan sobre el terreno.