Concòrdia preguntará al Gobierno cuáles son las actividades con poco impacto en la economía real
Escalé defiende un marco legal claro y estable para atraer inversión extranjera que aporte valor al país
El líder de la oposición y presidente de Concòrdia, Cerni Escalé, ha alertado del riesgo que supone para la economía de Andorra la denegación de autorizaciones de inversión extranjera sin criterios claros y estables.
En declaraciones a La Veu Lliure, Escalé ha subrayado que solo debería rechazarse aquella inversión que no genere valor real en el país y ha insistido en la necesidad de un marco legal garantista y previsible.
“Desandorranización del producto”
Según Escalé, Andorra lleva años viviendo procesos en los que negocios locales son sustituidos por modelos empresariales que no aportan actividad económica directa ni valor añadido, contribuyendo a la denominada “desandorranización del producto”.
«¿Nos interesa hacer esta distinción que plantea el Gobierno? Sí. Pero desde un marco legal seguro que dé confianza a los inversores, para que llegue la inversión que realmente nos interesa», explica el presidente de Concòrdia.
Además, añade que no puede considerarse positiva una inversión que traslada los beneficios fuera del país sin generar nueva actividad económica.
Denegaciones de inversión extranjera
Las declaraciones de Escalé llegan después de que el Gobierno de Andorra haya empezado a denegar autorizaciones de inversión extranjera al considerar que algunos proyectos tienen un escaso impacto en la economía real del Principado. Según expertos consultados, esta práctica ha incrementado la percepción de inseguridad jurídica en el sector empresarial.
Un documento oficial al que ha tenido acceso La Veu Lliure (Decreto 137/2025) detalla que, en aplicación de la Ley de Crecimiento Sostenible y el Derecho a la Vivienda, la Ley del Impuesto sobre la Inversión Extranjera Inmobiliaria y el Reglamento de Inversión Extranjera, el Gobierno desestima una autorización por falta de participación activa en la economía real. La ministra Conxita Marsol recuerda que los interesados pueden presentar recurso en el plazo de un mes.
Dudas sobre los criterios aplicados
El Gobierno argumenta que una inversión sin actividad económica directa puede afectar al interés general, la soberanía y el orden económico.
Sin embargo, este criterio genera controversia, ya que proyectos con impacto fiscal positivo y cotizaciones a la CASS pueden ser rechazados si no cumplen este requisito.
Para Escalé, esta situación puede resultar contraproducente: «Sin estabilidad legal, ni las empresas ya establecidas ni las que quieren invertir vendrán al país». El dirigente de Concòrdia defiende la necesidad de definir con precisión qué actividades pueden recibir inversión extranjera y evitar decisiones discrecionales.
Expertos coinciden en que, pese a la voluntad de proteger el tejido económico andorrano, la actual interpretación del marco legal puede dificultar la planificación empresarial y reducir el atractivo de Andorra para atraer inversión de calidad.
